Causa de las SIRA: un funcionario de la ARCA aportó una pista que conduce a un hombre de Massa
Carlos Rodríguez, citado por el fiscal Picardi, declaró que esos permisos para importar se decidían en un área que estaba a cargo de Germán Cervantes, entonces funcionario de la Secretaría de Comercio
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LA NACIONFrancisco Olivera
Un director de la ARCA acaba de aportar una pista en una investigación que venía avanzando a paso lento sobre presuntas irregularidades en los permisos para importar durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. El hallazgo, recabado por el fiscal Franco Picardi, conduce directamente a un área que entonces estaba a cargo de un funcionario massista, Germán Cervantes, entonces subsecretario de Gestión de la Secretaría de Comercio y uno de los que incidía sobre aquel complejo sistema de autorizaciones.
La revelación apareció la semana pasada durante la declaración testimonial que el fiscal le tomó a Carlos Alberto José Rodríguez, que durante los meses investigados ocupaba el cargo de subdirector general de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros. Hacía cuatro meses que Picardi iba y venía sin éxito entre la exAFIP y el Ministerio de Economía en procura de un dato elemental: quién o quiénes resolvían esas autorizaciones y con qué criterio entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, lapso en el que rigió el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Rodríguez, que sigue siendo funcionario y ocupa desde abril el cargo de director de Programación y Normativas de Procedimientos Aduaneros, fue citado el miércoles a declarar en esta causa, que está ahora en el juzgado de Ariel Lijo. Durante la primera parte de su exposición insistió en una respuesta que dan últimamente en la ARCA, que el organismo tenía entonces un sistema automático, sin intervención de personas físicas, y que en todo caso hay que buscar esa información en la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Economía, desde donde también vienen esquivando ese tipo de precisiones. Pero Picardi intentó hurgar y afinó la pregunta: ¿exactamente qué área del Palacio de Hacienda lo definía?, quiso saber. Y ahí Rodríguez, delante de abogados y en una declaración de la que hay registro fílmico, identificó que era la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa.
Esa dependencia, que entonces estaba a cargo de Cristian Javier Grosso, designado ahí de manera transitoria y por 180 días, funcionaba bajo la conducción de Cervantes, economista, uno de los nexos con los empresarios para el tratamiento de las importaciones y en ese momento jefe de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, área estratégica que dependía en el organigrama de Matías Tombolini, secretario de Comercio, pero que tenía vuelo propio y que hasta la semana pasada no había sido mencionado en la causa.
Cervantes tiene una extensa trayectoria en el Frente Renovador y presidió el PJ en el municipio de San Martín, su distrito. Ocupó un cargo en la Anses durante la gestión de Diego Bossio, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y volvió a la función pública en 2019 como gerente de Asuntos Administrativos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, encabezado por Mario Meoni.
No bien Sergio Massa asumió en el Ministerio de Economía, en agosto de 2022, Cervantes pasó a encabezar la Subsecretaría de Gestión Comercial y empezó a atender los múltiples llamados de empresarios que entonces buscaban lo imposible: poder importar en medio del cepo cambiario, cuando escaseaban los insumos y los dólares hasta para los sectores sensibles, como el de la salud.
Los empresarios recuerdan a Cervantes además por un hecho sugestivo: al día siguiente de que Javier Milei derrotó en el balotaje a Massa dejó de ir para siempre a la Secretaría de Comercio y desde entonces resultó inhallable. Hay quienes dicen que es probable que haya cambiado de teléfono, porque dejaron de llegarle mensajes a su WhatsApp, que mostraba sólo una tilde a quienes le escribían. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con el economista.
El funcionario de la ARCA fue uno de los dos del organismo a quienes Picardi citó después de recorrer dependencias en busca de información. La otra es María Carolina Caironi Corral, subdirectora general de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, que también declaró la semana pasada.
La causa intenta esclarecer también de qué modo se hicieron muchas compras de dólares al valor oficial durante aquellos meses. Por eso las testimoniales incluyeron a Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, un cadete que trabajaba para Martín Migueles, operador financiero investigado que tenía una relación fluida con otro ya famoso de ese circuito, Elías Piccirillo, también involucrado.
Algunas de las conversaciones detectadas en el teléfono que el fiscal le secuestró en el inicio de la causa a Migueles mencionan también a Leguizamón como uno de los que llevaba valijas. Tal como publicó la semana pasada Nicolás Pizzi en este diario, Leguizamón admitió ante Picardi haber trasladado fajos de billetes al menos en dos oportunidades, y agregó que los había recibido de manos de una secretaria de Piccirillo para llevárselos a Migueles. Una vez, dijo, los recogió en una casa de cambio de Paraguay y Florida, y otra, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Lavalle. Aunque declaró desconocer la suma porque no solía contar los billetes, admitió haber hecho ambas entregas en una oficina ubicada en Libertador 8008 que ya apareció mencionada en la investigación.
Leguizamón aparece en estas conversaciones como destinatario de mensajes en los que Migueles le pide traerle una suma de Piccirillo. “Hola, Marce. ¿Podés pasar por Florida a verlo a Elías? Te va a dar una plata para mí. Eso es personal mío. No le digas a nadie, 12 mil dólares”, le escribió el 4 de mayo de 2021, y un mensaje similar se repitió el 14 de julio de ese año.
Otra de las que declaró la semana pasada ante Picardi es Rocío Ávila, exempleada de la agencia de cambio Arg Exchange, de la que Piccirillo tenía un 90% que siempre había negado y que ella confirmó: dice que el financista fue su jefe directo. Y el tercer testigo es Sergio Daniel Speroni, un chofer que trabajaba para Piccirillo en la época que estaba casado con Jésica Cirio y que declaró haber hecho traslados, pero en su mayoría familiares, principalmente de la hija que Cirio tiene con Martín Insaurralde.
Estos avances son hasta ahora los únicos en una investigación que parece tener pocos interesados en darle velocidad. No es el único caso: una causa similar, radicada desde hace un año y medio en el juzgado de María Romilda Servini, ofrece incluso menos hallazgos.
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