Los trenes y el carbón lideran el ranking de empresas públicas que viven de la billetera estatal
Las ferroviarias y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) sólo generan con su actividad menos de uno de cada 10 pesos de los que necesitan para funcionar
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LA NACIONDiego Cabot
Fue el presidente Javier Milei, en épocas de campaña, el que puso sobre la mesa la discusión sobre las empresas públicas. Ya en el poder, con la Ley Bases y el impulso desregulador, se le puso nombre propio a las privatizaciones. Poco más de dos años después, y tras un proceso de reducción de déficit en gran parte de este universo, todavía hay empresas públicas que tienen una dependencia total de los subsidios. El Estado como empresario del carbón, de medios o como operador del ferrocarril no ha logrado dar la vuelta de campana a la dependencia casi total de los fondos públicos.
Aún existe un grupo reducido de empresas estatales que, trimestre tras trimestre, factura apenas una pequeña porción de lo que gasta y se sostiene casi en su totalidad con transferencias del Tesoro. Según la planilla de ejecución que publica el Ministerio de Economía, el conjunto de compañías públicas recibió en los primeros tres meses del año transferencias corrientes —el nombre técnico que usa el Estado para lo que se denomina “subsidios”— por un total que ronda los $620.686 millones, una cifra que se concentra en muy pocas manos.
Dos compañías explican por sí solas más del 84% de ese total. La primera es Enarsa, la energética estatal, que recibió $284.757 millones en transferencias corrientes (que en su mayoría usa para comprar gas). La segunda es la Operadora Ferroviaria, con $238.987,5 millones. Les siguen, ya en otro orden de magnitud, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), con $29.650 millones, y Belgrano Cargas, con $18.649,3 millones.
Pero el monto del subsidio es una parte de la historia. Hay una segunda variable, más incómoda, que mide qué porcentaje de ingresos genera cada empresa por su operación —lo que técnicamente se denomina “ingresos de operación”— y qué porcentaje depende, directa o indirectamente, de la billetera del Estado.
Ahí el panorama cambia de signo: Enarsa, que es la que recibe más plata en términos absolutos, en realidad factura mucho por su propia actividad ($362.626,9 millones en el trimestre) y el subsidio representa “solo” 44% de su ingreso corriente. El verdadero problema está en otro lado.
La “flaca” boletería de los ferrocarriles
Si hay un sector que concentra el grueso de la dependencia estructural del subsidio, es el ferroviario. La Operadora Ferroviaria generó por su propia operación apenas $18.212 millones, contra $267.200 millones de ingresos corrientes totales: es decir, solo el 6,8% de lo que necesita para funcionar sale de la venta de pasajes o de su actividad comercial: el resto, más de 9 de cada 10 pesos, lo pone el Estado.
El caso de Ferrocarriles Argentinos es paradigmático. Sucede que es la única empresa estatal que hizo crecer su plantilla de empleados en épocas de Milei. En septiembre de 2024, la compañía tenía 75 empleados. En diciembre de ese año ya llegaba a 507; actualmente tiene 496 anotados en su plantilla.
Allí fueron a parar varios empleados que estaban en otra compañía estatal ferroviaria que el Gobierno cerró. Se trata de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (Decahaf), conocida como Trenes Argentinos Capital Humano, que si bien dejó de estar en el organigrama pasó casi un tercio de sus empleados a Ferrocarriles Argentinos. Esta empresa estatal es uno de los casos más extremos: tiene $7339 millones de “ingresos corrientes”, de los cuales solo genera el 0,4% con su operación.
Belgrano Cargas, que transporta granos y otras cargas, muestra un perfil distinto —genera el 65,5% de sus ingresos por sí misma—, pero aun así necesitó $18.649,3 millones de transferencias para cerrar el trimestre. A esto se suma ADIF, la administradora de infraestructura ferroviaria, que apenas cubre el 14,6% de sus ingresos corrientes con actividad propia.
La mina de carbón que siempre necesitó ayuda
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la empresa estatal que explota la mina de carbón y la usina térmica en el extremo sur de Santa Cruz, es uno de los casos de dependencia estatal más grande. Facturó en el primer trimestre de 2026 apenas $286 millones por su actividad de operación, mientras que demandó sólo para pagar sueldos $28.624 millones, y los ingresos corrientes totales que necesitó para funcionar fueron $30.126 millones.
La cuenta es elocuente: el 99% de lo que YCRT necesita para sostenerse en el día a día no proviene del carbón que extrae, sino de transferencias del Tesoro nacional. Por cada $100 que circula por las cuentas corrientes de la empresa, apenas $1 lo generó la propia empresa. El resto lo giró el Estado.
Detrás de YCRT y los ferrocarriles aparece un pelotón de organismos y empresas de menor escala que, sin embargo, dependen en un 100% (o casi 100%) del aporte estatal: Educ.ar, la productora pública de Contenidos Artísticos e Informativos; y, en un escalón apenas mejor, Casa de Moneda y RTA (Radio y Televisión Argentina), todas con más de la mitad de su ingreso corriente explicado por transferencias.
En el otro extremo del cuadro aparecen compañías que no recibieron un peso de transferencias corrientes en el trimestre: Aerolíneas Argentinas, AySA, el Correo Argentino y Administración General de Puertos (la administradora portuaria), entre otras, que financian su operación íntegramente con ingresos propios.
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