Qué es el Súper RIGI, las 10 claves para entender la medida que aprobó Diputados para atraer inversiones a la Argentina
Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, se aprobaron distintos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios
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LA NACION
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por la noche la media sanción del proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado "Súper RIGI“. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, y pasó al Senado para su tratamiento definitivo.
Esta medida busca atraer capitales a sectores estratégicos —dedicados a la infraestructura tecnológica y digital— mediante un esquema que exige un desembolso mínimo de US$1000 millones para calificar.
A cambio, el Estado ofrece una fuerte reducción impositiva en el Impuesto a las Ganancias y el IVA, exenciones aduaneras para importar bienes de uso y la liberación gradual en la liquidación de divisas de exportación.
El texto del proyecto enviado originalmente a Diputados —que puede sufrir modificaciones durante el proceso— define específicamente los puntos centrales y las condiciones para las empresas que ingresen al sistema:
1. Nuevas actividades económicas
El régimen se aplica exclusivamente a proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica.
Las actividades no deben desarrollarse actualmente en el país o tienen que encontrarse en un estado experimental o piloto. Quedan afuera las ampliaciones o modernizaciones de instalaciones preexistentes.
2. Vehículos de Proyecto Único (VPU)
Los titulares de las inversiones deben constituirse a través de figuras específicas como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, uniones transitorias o sucursales de empresas extranjeras. Estos vehículos jurídicos tienen que mantener un objeto único y operar solo en la actividad aprobada.
3. Monto mínimo de inversión
Para calificar en el sistema, los proyectos deben comprometer un desembolso mínimo en activos computables de US$1000 millones.
Asimismo, la ley fija la obligación de cumplir con una inversión mínima igual o superior al 20% de ese total general durante los dos primeros años desde la notificación de la adhesión.
4. Plazos de inscripción
Las empresas cuentan con un plazo de cinco años para presentar la solicitud de inclusión, contados a partir de la reglamentación de la norma. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de prorrogar este período por una única vez por un tiempo adicional de hasta un año.
5. Reducción de Ganancias
Los proyectos único adheridos al régimen tributarán el Impuesto a las Ganancias con una alícuota del 15%. Esta cifra reemplaza las escalas generales vigentes en la legislación ordinaria y se aplica de forma específica a los proyectos aprobados.
6. Dividendos y utilidades
La renta derivada de los dividendos tributará a una alícuota del 7%, aunque el texto dispone que, una vez transcurrido un plazo de cuatro años desde la fecha de adhesión, ese porcentaje se reducirá al 3,5%.
7. Certificados de Crédito Fiscal para IVA
Cuando se facture el Impuesto al Valor Agregado por inversiones en activos computables, los beneficiarios podrán cancelar el tributo mediante la entrega de Certificados de Crédito Fiscal —diseñados para cancelar el IVA facturado en operaciones alcanzadas por regímenes de incentivos tributarios—.
Los proveedores que reciban estos documentos podrán transferir los remanentes no utilizados a terceros si el organismo recaudador no efectúa la devolución en tres meses.
8. Exenciones aduaneras
Las importaciones de bienes de uso, construcciones o bienes intermedios que integren el plan de inversión quedan exentas de derechos de importación, tasa de estadística y cualquier anticipo tributario. De igual modo, las exportaciones de los productos obtenidos por el proyecto están exentas de derechos de exportación.
9. Disponibilidad de divisas
Los cobros de exportaciones quedan exceptuados de la obligación de liquidación en el mercado de cambios de forma escalonada. La liberación será del 20% al primer año, del 40% al segundo año y del 100% una vez transcurridos tres años desde la primera operación al exterior.
10. Estabilidad por 30 años
Los proyectos aprobados contarán con estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. Los beneficios no podrán ser afectados por derogaciones ni por la creación de normativas más gravosas. Las controversias podrán someterse a arbitraje internacional (como el CIADI).
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