La ley de etiquetado frontal
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El oficialismo se propone derogar la ley aprobada en 2021 que obliga al etiquetado frontal de los alimentos, que debe advertir sobre la presencia de altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. Los legisladores Daiana Fernández Melero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron días atrás una iniciativa conjunta para dejar sin efecto dicha norma argumentando que expresa “un exceso de paternalismo” que “demoniza los ultraprocesados”. La oposición, en cambio, entiende que el Gobierno busca liberar a los alimentos de la carga negativa de los octógonos para que el consumo repunte.
Desde la Casa Rosada expresan que “la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada, y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.
Mientras los nutricionistas señalan que suprimiendo los sellos se quiere tapar la verdad, los detractores de la ley insisten con que el sistema argentino utiliza criterios de medición poco claros, con parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias diferentes sin considerar densidad, grado de procesamiento, rol del alimento y porciones efectivamente consumidas. No hay que olvidar que la ley, sancionada por amplia mayoría, fue fruto de un amplio y participativo debate que convocó a científicos, representantes de la industria y de la política.
El impacto de haber introducido los sellos se tradujo en que distintas provincias avanzaran en ofrecer una alimentación más saludable en sus escuelas, impulsando en la sociedad una conversación colectiva sobre el delicado tema del consumo de ultraprocesados y los hábitos saludables, algo necesario en un país con más del 60% de la población adulta y alrededor del 40% de los niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad.
Más allá de sus limitaciones, porque como norma es perfectible, la mejor estrategia no es eliminarla sino corregir sus deficiencias. En Estados Unidos, por caso, el binarismo en el etiquetado está dejando paso a uno que refleje diferentes grados de intensidad de los nutrientes no deseados, brindando así mejor información a los consumidores y más incentivos a las empresas manufactureras para mejorar sus productos.
En Chile, donde una norma similar rige desde 2016, se comprobó con el tiempo que el etiquetado frontal redujo los consumos de sodio (27%) y azúcar agregada (18%) y también el de grasas saturadas (19%). También se verificó que hubo reducción de dichos contenidos en los productos pues las empresas manufactureras buscaron evitar las etiquetas.
Indudablemente, la industria que estuvo en contra de la ley, tiende a estar a favor de su derogación. Se critica que la norma no la incentiva para que fabrique alimentos más saludables y que complique el comercio exterior. También se plantea que los cambios en las regulaciones impactan especialmente en las pymes que enfrentan costos fijos más elevados para cumplir con los rediseños de envases, administración de stocks y comercialización.
De todas maneras tendríamos que ser capaces de encarar una conversación superadora que recoja las críticas para mejorar la norma vigente que ha mostrado ser una herramienta sencilla, práctica y efectiva. La lógica pendular, atada al devenir político, aplicada a la sanción de las leyes debe quedar atrás. Denostar al anterior, tirar por la borda lo hecho, incluso con todo aquello de bueno que pueda haber habido es tan incomprensible como alejado de las demandas ciudadanas. Mejorar las leyes será siempre el desafío.
Tipo de trabajo:
opinión
