Florida exigirá prueba de estatus legal para estudiar en colleges estatales: a quiénes afecta la nueva regla

La Junta de Educación de Florida aprobó una nueva regla que exige que quienes deseen inscribirse en colleges estatales o programas de educación general para adultos demuestren que son ciudadanos estadounidenses o que están legalmente presentes en Estados Unidos. La medida, que no alcanza a las 12 universidades públicas del estado, podría limitar el acceso de estudiantes indocumentados.

El Departamento de Educación estatal (FLDOE, por sus siglas en inglés) anunció el martes 30 de junio la aprobación de una nueva regla con la que las personas que deseen inscribirse en colleges estatales o en programas de educación general para adultos deberán presentar una prueba de estatus legal.

La norma impacta en concreto en los 28 colleges del Sistema de Florida y excluye a las 12 universidades públicas. Con su entrada en vigor, los solicitantes deberán declarar su estatus antes de la admisión y presentar documentación antes de inscribirse.

Asimismo, la segunda regla, denominada “Requisitos generales para el Programa de Educación General para Adultos”, exige que los centros de educación para adultos establezcan políticas por escrito para verificar el estatus de sus estudiantes.

En el Estado del Sol, estos programas preparan a los adultos para el examen de Desarrollo Educativo General (GED), que permite obtener la equivalencia de un diploma de escuela secundaria.

Durante la votación, la mayoría de los miembros estuvo de acuerdo con su implementación. Según WUSF, la disposición solo contó con la negativa de Daniel Fagonholi, quien fue nombrado miembro de la junta en 2022 por el gobernador Ron DeSantis.

“El intento de restringir el acceso de un niño a la educación superior basándose en un estatus migratorio que no es culpa suya es antiamericano, desleal y preocupante desde el punto de vista constitucional”, declaró la representante Anna Eskamani, demócrata de Orlando, durante su intervención pública.

Tras la aprobación, se espera que los cambios entren en vigor 20 días después de su presentación ante el Departamento de Estado de Florida, siempre que no se presenten retrasos.

Con este plazo, existe una preocupación sobre si el término de “presencia legal” afectará a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, la Junta de Educación del estado no respondió a las consultas para aclarar este punto.

Al conocer la decisión, el senador estatal Carlos Guillermo Smith, demócrata por Orlando, cuestionó la legitimidad de la nueva disposición que regirá en Florida.

“Nuestra constitución exige que garanticen la educación de todos los niños dentro de nuestras fronteras, lo que hace que lo que están haciendo sea inconstitucional para aquellos menores debidamente matriculados”, expresó.

Por su parte, Shakhea Hinton, directora de desarrollo y comunicaciones de Hope CommUNITY Center, una organización sin fines de lucro que asiste a la comunidad migrante, advirtió sobre el impacto que puede tener la modificación.

“Impedir que los estudiantes indocumentados asistan a la universidad, o privar a los estudiantes de secundaria de oportunidades como la doble matrícula, envía un mensaje peligroso: que algunos jóvenes merecen menos oportunidades simplemente por su estatus migratorio”, analizó.

Con el resultado de la votación, Eskamani sostuvo que las reglas “contradicen la intención de la Legislatura”. En esa línea, agregó que la medida “excede la autoridad normativa del Departamento al añadir requisitos sobre el estatus migratorio que no figuran en las leyes vigentes”.

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