¿Retrocede el ICE en Miami? Se abre el debate sobre el acuerdo que permite a policías colaborar con agentes federales

La permanencia de Miami en el programa federal 287(g) atraviesa una nueva etapa de discusión. Aunque la ciudad formalizó su adhesión al convenio en 2025, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) impulsa una revisión del acuerdo que autoriza a determinados policías locales a colaborar con agencias federales.

La FLIC, que representa a 85 organizaciones, exigió formalmente la terminación inmediata del acuerdo 287(g) entre la ciudad de Miami y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La coalición sostuvo que es el momento de poner fin a esta colaboración y enfatizó que la ciudad no tiene la obligación legal de colaborar con la agencia federal.

“La realidad es que, cuando la comisión de la ciudad firmó este acuerdo, ya sabían que se estaban metiendo en problemas. Todos estuvimos aquí hace un año para advertirles que esto ya se había implementado antes y su historia nunca fue algo digno de repetirse”, dijo Renata Bozzetto, subdirectora de la FLIC, durante una conferencia.

La organización señaló que estos programas federales tienen un historial de perfilamiento racial, lo cual califican como inaceptable. “Es una vergüenza que la ciudad de Miami esté liderando a nivel estatal estas condiciones municipales de ‘muéstrame tus papeles’", agregó Bozzetto.

La representante de la FLIC destacó que su línea de ayuda procesa cerca de 1000 llamadas al mes, lo que les permite documentar cómo estos acuerdos afectan directamente a los vecinos de la ciudad.

“Para aquellos vecinos que no son inmigrantes y sienten que esto no les afecta, es hora de despertar: estamos a un huracán de distancia de no tener suficientes trabajadores para reconstruir nuestros techos; estamos a un viaje de distancia de esperar en el Aeropuerto Internacional de Miami un Uber que nunca llegará", dijo la subdirectora.

El convenio vigente en Miami corresponde al modelo 287(g). Bajo este esquema, agentes de la policía que reciben capacitación y autorización del ICE pueden ejercer determinadas funciones vinculadas con la aplicación de normas migratorias durante sus tareas habituales.

Actualmente, la ciudad cuenta con un grupo reducido de oficiales certificados para participar en este programa. Entre sus atribuciones figuran la posibilidad de entrevistar y retener a personas cuando existan sospechas relacionadas con infracciones a la legislación migratoria.

La iniciativa coincidió con un escenario de fuerte expansión de este mecanismo en Florida. Durante la administración de Donald Trump y con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, el estado amplió la cantidad de convenios de este tipo con agencias policiales municipales y estatales.

Sin embargo, la llegada de nuevas autoridades municipales modificó el escenario político. La alcaldesa Eileen Higgins manifestó que el convenio debe ser revisado, mientras que el jefe de Policía, Edwin López, señaló que la prioridad de su gestión estará enfocada en la investigación de delitos y la seguridad pública antes que en tareas migratorias.

“Cualquiera que ataque a un miembro vulnerable de nuestra comunidad tiene mi compromiso de que trabajaremos incansablemente para ponerlo tras las rejas”, sostuvo López durante su ceremonia de juramento como nuevo jefe de la Policía de Miami.

Uno de los principales obstáculos para rescindir el acuerdo son las posibles sanciones por parte del estado. Las autoridades de Florida advirtieron que los municipios que interrumpan este tipo de cooperación podrían afrontar conflictos legales, además de perder recursos económicos provenientes del presupuesto estatal.

De acuerdo con estimaciones oficiales retomadas por Miami Herald, Miami arriesgaría cerca de US$7,5 millones anuales en financiamiento si decide abandonar el programa. Algunos funcionarios municipales sostuvieron que la decisión debe evaluarse más allá del impacto presupuestario, mientras que otros consideran que las consecuencias financieras son un elemento central del debate.

“Siete millones de dólares valen la pena para salvar una vida, una familia. Lo compensaremos de alguna manera… Encontraremos la solución”, dijo la comisionada Christine King a Miami Herald.

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