Actualizaciones del Uscis sobre el programa de visas: la propuesta del DHS para introdocir cambios en la EB-5

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) publicó una nueva propuesta normativa para modificar el programa de visas de inversores EB-5. La medida busca implementar con mayor rigor la Ley de Reforma e Integridad del programa sancionada en 2022.

El cambio central en el texto del DHS apunta a incrementar el monto mínimo de inversión a 1,4 millones de dólares para aquellos proyectos situados en regiones calificadas como de “alto empleo”.

El programa EB-5 permite a extranjeros obtener la residencia permanente si invierten en una nueva empresa comercial que cree al menos diez empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses.

Según el Center for Immigration Studies, la normativa actual mantiene el umbral de 1,05 millones de dólares para inversiones generales, mientras que reduce el requisito a 800.000 dólares si el capital se destina a proyectos de infraestructura o áreas rurales y de alto desempleo.

El gobierno de EE.UU. reserva anualmente cerca de 9.940 visas bajo este esquema, con cuotas específicas del 20% para zonas rurales, 10% para áreas de alto desempleo y 2% para infraestructura.

La nueva regulación otorga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) facultades explícitas para intervenir ante abusos, riesgos de seguridad o fraude. La agencia ahora puede denegar peticiones, revocar aprobaciones, terminar la residencia condicional, cancelar centros regionales y prohibir la participación de individuos.

El DHS justificó este paso al afirmar: “Anteriormente, sin estas disposiciones, USCIS no podía actuar directamente sobre peticiones que involucraran amenazas a la seguridad pública sin una base legal específica”. Además, la agencia señaló que la falta de autoridad estatutaria impedía frenar a tiempo a centros regionales involucrados en actividades fraudulentas, lo que causaba pérdidas económicas a los inversores.

La propuesta también formaliza las medidas de integridad adoptadas por el Congreso hace cuatro años. Esto incluye la exigencia de reportes anuales, el pago de tarifas para el fondo de integridad, requisitos de auditoría y registros detallados sobre los promotores de proyectos.

La normativa faculta a las autoridades para suspender centros regionales, empresas comerciales y entidades creadoras de empleos mientras avanzan las investigaciones pertinentes. Estas acciones responden a la necesidad de blindar el programa de visas EB-5 ante riesgos de carácter criminal o vínculos con gobiernos hostiles a Washington.

El texto oficial enfatiza que las nuevas definiciones buscan proteger a los inversores extranjeros de posibles engaños o tergiversaciones materiales.

La propuesta abre una instancia de consulta pública para recibir comentarios de los interesados antes de su implementación definitiva. Con este esquema, las autoridades estadounidenses pretenden dotar al sistema de una estructura regulatoria capaz de prevenir desfalcos y fortalecer la credibilidad del mecanismo migratorio basado en inversiones.

El enfoque del DHS trasciende los aspectos financieros y se centra en el control migratorio preventivo para asegurar que cada beneficiario cumpla con los estándares legales establecidos por la ley. La normativa representa un cambio significativo en la gestión del programa, priorizando la vigilancia sobre la flexibilidad operativa previa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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