El arsenal de nuevas herramientas que usa el ICE para rastrear y deportar inmigrantes, según un informe en EE.UU.
Un estudio elaborado por organizaciones especializadas en vigilancia digital sostiene que las agencias migratorias ampliaron tecnologías de localización
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LA NACION
Un informe sostiene que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas digitales para identificar, rastrear y facilitar la detención de inmigrantes en Estados Unidos, en paralelo con un fuerte aumento de los recursos destinados al control migratorio.
Qué herramientas con IA utiliza el ICE, según el informe
El estudio “La tecnología detrás del ICE: oligarcas, control migratorio y la amenaza a la democracia” fue elaborado por Mijente, Just Futures Law y Surveillance Resistance Lab, organizaciones dedicadas al análisis de políticas migratorias, derechos civiles y tecnologías de vigilancia. Los autores concluyen que las agencias federales incorporaron nuevas capacidades digitales para reforzar sus operaciones.
Entre las herramientas identificadas aparecen:
- Plataformas de análisis de datos capaces de cruzar información procedente de múltiples registros.
- Sistemas de reconocimiento facial impulsados por inteligencia artificial.
- Programas de monitoreo de redes sociales y actividad pública en internet.
- Herramientas de extracción de información almacenada en teléfonos celulares.
- Intermediarios de datos (data brokers) que reúnen información personal obtenida de distintas fuentes.
- Torres inteligentes, drones y sensores utilizados para tareas de vigilancia fronteriza.
- Sistemas de IA diseñados para procesar grandes volúmenes de información en menos tiempo.
Según el documento, la integración de estas capacidades permite acceder a información procedente de distintos entornos digitales y acelerar procesos de identificación utilizados en investigaciones migratorias.
Cuánto dinero destinan las agencias migratorias a estas tecnologías
La investigación señala que los contratos de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) con 11 empresas identificadas por los autores como proveedoras de tecnología de vigilancia pasaron de poco más de US$310 millones en 2025 a US$513 millones en 2026, una cifra que el informe describe como un máximo histórico.
El estudio atribuye buena parte de ese incremento a acuerdos con compañías como Palantir y Anduril, especializadas en análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia utilizados por organismos gubernamentales.
Los investigadores sostienen que esta expansión presupuestaria refleja una apuesta por herramientas capaces de procesar información, detectar patrones y apoyar tareas vinculadas con el control fronterizo y la aplicación de las leyes migratorias.
Las advertencias planteadas por el estudio sobre el ICE
Los autores del estudio señalan que la incorporación de estas tecnologías plantea interrogantes sobre privacidad, supervisión estatal y protección de derechos civiles.
Entre las preocupaciones mencionadas figuran el uso de reconocimiento facial, el acceso a bases de datos comerciales, la recopilación de información digital y la utilización de procesos automatizados en procedimientos migratorios.
Además, el informe advierte que estas herramientas permiten a las autoridades migratorias “recolectar, integrar y analizar grandes volúmenes de información personal a una escala sin precedentes”. Según los investigadores, el desarrollo de estas capacidades avanzó más rápido que los mecanismos de supervisión pública en la actualidad.
El documento también sostiene que la combinación de inteligencia artificial, bases de datos comerciales y sistemas de vigilancia digital amplía la capacidad del gobierno para monitorear movimientos, actividades e interacciones de las personas. Los autores consideran que este escenario requiere mayores niveles de transparencia sobre el funcionamiento de estas herramientas y sobre el uso que las agencias federales hacen de la información recopilada.
Por ese motivo, el estudio concluye que la expansión de estas capacidades tecnológicas debería estar acompañada por controles públicos más estrictos y mecanismos independientes de supervisión que permitan evaluar sus respectivas consecuencias sobre los derechos civiles y la privacidad de los inmigrantes y otros residentes en Estados Unidos.
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