Histórico fallo frena al ICE: ya no podrán rastrear tu celular de esta manera en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló 6-3 en el caso Chatrie v. United States y determinó que el acceso del gobierno a historiales de geolocalización de celulares constituye una “búsqueda” protegida por la Cuarta Enmienda. El fallo, emitido el 29 de junio, exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales obtengan órdenes judiciales basadas en causa probable y particularidad antes de acceder a esos datos.

La decisión frena un mecanismo de vigilancia que podía afectar a millones de personas, incluidos migrantes latinos, al permitir reconstruir sus movimientos cotidianos a partir de información almacenada por empresas como Google.

• El ICE ya no puede requerir historiales de ubicación de celulares de forma amplia y automática: cada orden debe pasar el filtro constitucional de la Cuarta Enmienda y ser revisada por un juez.
• Las investigaciones migratorias que usaban geovallas para ubicar personas en zonas cercanas a operativos o redadas deberán justificar mejor por qué necesitan esos datos y sobre quién, reduciendo el alcance de búsquedas masivas.

• Las órdenes de geovalla permiten pedir a una empresa tecnológica los registros de todos los dispositivos presentes en un área y tiempo determinados, aun sin sospechosos identificados.
• La Corte advirtió que este método puede capturar información de muchas personas ajenas a cualquier delito y habilitar una vigilancia permanente, por lo que debe someterse a controles judiciales previos.

• El caso surgió tras un robo armado a una cooperativa de crédito en Virginia en 2019; sin sospechosos, la policía pidió a Google datos de todos los móviles en un radio de 150 metros alrededor del banco en la hora del crimen.
• El protocolo acordado con la empresa generó primero datos anónimos de 19 usuarios, luego información adicional de 9 y finalmente identidad completa de 3, entre ellos Okello Chatrie, posteriormente condenado a casi 12 años de prisión.

• La jueza Elena Kagan, autora de la opinión mayoritaria, sostuvo que las personas conservan una “expectativa razonable de privacidad” sobre sus desplazamientos, aunque los datos estén en servidores de compañías tecnológicas.
• Para la mayoría, permitir órdenes amplias de geovalla daría al gobierno la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana de los ciudadanos, por lo que el acceso debe pasar por el “juicio deliberado e imparcial” de un funcionario judicial.

• Si bien el fallo no prohíbe completamente las órdenes de geovalla, obliga a que su uso sea más acotado y específico, lo que reduce el riesgo de barridos masivos que incluyan a residentes y migrantes sin relación con delitos.
• Para personas latinas investigadas por ICE u otras agencias, el criterio refuerza el derecho a que cualquier acceso a sus datos de ubicación responda a una causa probable concreta y sea supervisado por tribunales.

Este fallo no significa que el ICE o la policía ya no puedan usar datos de ubicación, sino que deben pasar por una orden judicial basada en la Cuarta Enmienda antes de pedir historiales guardados por empresas como Google.

Las comunidades latinas deben saber que el rastreo masivo por geovallas queda limitado: ya no es válido que se solicite información de todos los teléfonos en un área solo para “ver quién aparece”.

En la práctica, cualquier persona que tema un uso abusivo de su información de ubicación puede consultar con abogados especializados en privacidad o inmigración sobre cómo este precedente refuerza sus derechos constitucionales en futuras investigaciones.

LA NACION

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