Hochul demanda a Trump para defender la ley que obliga a agentes del ICE a identificarse en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general, Letitia James, interpusieron una demanda contra el gobierno de Donald Trump para proteger un nuevo paquete de leyes estatales de seguridad y transparencia, entre las que se incluyen restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La querella solicita a la justicia federal declarar la legalidad de estas normativas.

La acción legal busca garantizar que los oficiales públicos, incluidos los agentes federales del ICE, respeten las leyes neoyorquinas que exigen rendición de cuentas en operaciones policiales y migratorias. Hochul y James argumentan que el estado posee un derecho soberano, amparado por la Décima Enmienda, para regular la conducta dentro de sus fronteras y proteger a sus ciudadanos.

Según un comunicado oficial, la administración federal había notificado al estado su intención de impugnar este paquete legislativo de manera inminente tras su aprobación. Ante este escenario, la gobernadora solicitó al tribunal que impida interferir con la autoridad estatal para gestionar sus propios recursos y asegurar el bienestar público.

El paquete legislativo incluye disposiciones que prohíben estrictamente a los agentes de policía locales, estatales y federales ocultar sus rostros con máscaras durante sus interacciones con el público. Además, estas leyes exigen que todo oficial muestre una identificación clara y visible al desempeñar sus funciones públicas.

Otra normativa fundamental impide que los gobiernos locales y las agencias policiales suscriban acuerdos para operar como agentes de inmigración. Asimismo, la ley prohíbe detener personas únicamente por infracciones migratorias civiles y veta el uso de fondos públicos para financiar centros de detención dedicados a estas causas específicas.

En el comunicado, las autoridades estatales fundamentan la necesidad de esta medida debido a incidentes previos donde agentes enmascarados no se identificaron adecuadamente, lo cual generó miedo y desconfianza en comunidades locales. Un ejemplo señalado por la fiscalía fue una redada en Canal Street, la cual causó “caos y terror” entre los residentes.

Hochul enfatizó que portar una placa conlleva la responsabilidad de mantener la confianza pública, algo que se ve comprometido cuando los oficiales ocultan su identidad. Con este paquete de leyes, Nueva York asegura que busca desvincular sus recursos policiales locales de la agenda de deportaciones masivas impulsada por el gobierno federal.

“Los neoyorquinos merecen saber quién hace cumplir la ley en sus comunidades y tener la seguridad de que los recursos locales se están utilizando para proteger la seguridad pública, no para intimidar ni promover los intereses de una agencia federal deshonesta”, declaró la mandataria demócrata.

Por su parte, activistas y autoridades locales sostienen que la presencia de agentes enmascarados dificulta que los ciudadanos denuncien malas conductas o exijan responsabilidades. Mediante la vía judicial, el Estado pretende garantizar protecciones para los residentes y la rendición de cuentas de todos los oficiales que se vean involucrados en un operativo.

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