Revés para Trump: el fallo de la Corte que cambia las reglas para acceder a la ubicación de un celular en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que determina que el uso de órdenes de geolocalización para recopilar datos de ubicación de teléfonos móviles requiere la autorización previa de un juez. La decisión aborda directamente la práctica de autoridades del gobierno de Donald Trump de solicitar a empresas información sobre los usuarios presentes en una zona específica.

La Corte Suprema concluyó, mediante una votación de seis a tres, que esta vigilancia geográfica es una forma de registro sujeta a las protecciones constitucionales contra incautaciones sin razón. Según NBC News, la jueza Elena Kagan, redactora de la opinión mayoritaria, enfatizó la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a una posible “intromisión indebida” del gobierno en la privacidad individual.

“La Cuarta Enmienda debe, como siempre, proteger contra la intrusión injustificada del gobierno en la privacidad del individuo”, sostuvo Kagan. El máximo tribunal advirtió que la disponibilidad de tales cantidades de datos otorga a las autoridades lo que denominó un “panóptico virtual” capaz de escudriñar las actividades cotidianas de la población.

Aunque la Corte exigió la aprobación judicial para estas solicitudes, optó por no pronunciarse sobre la validez específica de la orden judicial utilizada en el caso del robo al banco de Virginia que originó este litigio.

El conflicto legal se originó a raíz de la condena de Okello Chatrie por el robo a una cooperativa de crédito en 2019, en la que las autoridades emplearon datos de Google para vincularlo con la escena del crimen. Los investigadores utilizaron información de usuarios que tenían activado el “historial de ubicaciones”, identificando inicialmente a 19 personas antes de reducir la sospecha únicamente sobre Chatrie.

Aunque Chatrie fue sentenciado a casi 12 años de prisión, procedió en las instancias de apelación, lo que derivó en que su caso llegara hasta la máxima instancia judicial. El tribunal ahora remitió el asunto a una corte inferior para que evalúe si la orden de registro original fue excesivamente amplia y, por consiguiente, violatoria de los derechos constitucionales del sentenciado.

Según NBC News, defensores de los derechos civiles celebraron este fallo de la Corte Suprema bajo el argumento de que las órdenes de geolocalización previas operaban con un esquema de vigilancia masiva “indiscriminada”. Existe una preocupación de que estas herramientas puedan ser instrumentalizadas para monitorear a grupos políticos o participantes en manifestaciones.

En contraste con la opinión mayoritaria del fallo, el juez Samuel Alito expresó su desacuerdo en un voto particular y calificó la decisión de “irresponsable”. A pesar de esta disidencia, la Corte reforzó una línea de jurisprudencia iniciada en 2017, cuando determinó que también se requieren órdenes judiciales para acceder a datos de localización derivados de torres de telefonía móvil.

La decisión judicial implica un revés para el gobierno de Trump, que defendía la táctica de obtención de datos de ubicación de teléfonos móviles a gran escala.

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