El pedido de Trump a Texas que impacta en niños migrantes que enfrentan la deportación de EE.UU.

La administración del presidente Donald Trump solicitó asistencia a las autoridades de Texas para gestionar la representación legal de menores migrantes sujetos a procesos de deportación. La petición, dirigida a la Comisión de Defensa de Indigentes del estado, busca involucrar a entidades locales en la atención de niños que se encuentran bajo custodia federal.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contactaron a directivos de la comisión estatal para ofrecer fondos federales destinados a brindar servicios legales a menores inmigrantes. Según The Texas Tribune, Scott Ehlers, director del organismo, confirmó que recibió llamadas de representantes del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y de James McHenry, funcionario del DOJ.

Sin embargo, Ehlers respondió que su agencia no tiene facultades para intervenir en procesos civiles de migración. El organismo estatal fue creado hace más de una década específicamente para gestionar la defensa penal de texanos.

Diversos miembros de la junta directiva y legisladores locales subrayaron que la institución no posee la autoridad para asumir tareas de defensa civil federal. En ese sentido, el comisionado Rodney Ellis calificó la sugerencia de ampliar dicho mandato como una “burla” a las normas federales de contratación y una distorsión de la ley original.

“Parece una simple forma de ignorar la intención de la legislación, pues se trata de burlarse de las normas federales de contratación pública”, manifestó Ellis.

• Para que el gobierno de Trump logre formalizar su solicitud, debería sortear los impedimentos normativos que hoy bloquean la colaboración estatal. La Comisión opera bajo un marco legal estricto, diseñado exclusivamente para la defensa penal de ciudadanos locales.
• Esto le impide legalmente a la entidad su participación en procedimientos civiles de inmigración sin una intervención legislativa directa. En ese marco, la Legislatura estatal posee la autoridad para ampliar las facultades de la Comisión si integra la representación migratoria de menores dentro de sus responsabilidades oficiales.
• Tal modificación requeriría una votación formal para reformar el código gubernamental correspondiente, un proceso que actualmente enfrenta una fuerte resistencia política y dudas sobre su viabilidad financiera.
• Otra alternativa implicaría la emisión de una orden ejecutiva por parte del gobernador Greg Abbott, quien podría intentar dirigir la asistencia estatal hacia el proyecto federal mediante decreto. Sin embargo, según The Texas Tribune, no hay confirmación oficial de que eso esté en preparación.

Especialistas en derechos humanos advirtieron que esta medida fue un “esfuerzo” para concentrar a menores no acompañados en el territorio texano. Según The Texas Tribune, su preocupación central radica en la proximidad de estas instalaciones con la frontera, lo cual facilitaría procesos de deportación mucho más expeditivos y con menor supervisión.

El gobierno federal cerró recientemente al menos 50 albergues para niños migrantes en estados como Nueva York, Illinois y Michigan. Esta acción coincide con el anuncio de nuevas contrataciones en centros de acogida ubicados en el Estado de la Estrella Solitaria.

Jonathan White, exsubdirector de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, consideró: “Es parte transparente de un patrón más amplio de trasladar todas las capacidades y recursos del programa a Texas con una asociación política amistosa con la oficina del gobernador de ese estado y la proximidad a la frontera con el fin de convertir todos estos sistemas en plataformas para la expulsión”.

Los defensores temen que el traslado de los menores hacia el sur los aleje de los abogados con quienes construyeron relaciones de confianza.

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