Jorge Macri apeló la cautelar que frenó los desalojos en la Capital y apuntó contra un legislador kirchnerista

La política de “ley y orden” que impulsa desde hace meses el jefe de gobierno, Jorge Macri, encontró un freno la semana pasada, luego de que la Justicia dictara una medida cautelar que ordena suspender los operativos de desalojos que viene llevando a cabo la Policía de la Ciudad. La resolución fue rechazada por la administración macrista, que ya apeló el fallo y anticipó que continuará con la política para recuperar propiedades tomadas.

El martes pasado, el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, dictó una medida cautelar colectiva para que el gobierno porteño “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo”.

El litigio se inició a raíz de un amparo individual por el desalojo de una propiedad en la calle Montes de Oca al 1700, pero la demanda se amplió luego con presentaciones de los legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires (PJ), Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. Ambos diputados de la ciudad habían pedido que se concediera carácter colectivo al proceso y se declarase la ilegitimidad de los desalojos que viene impulsando el jefe de gobierno.

Por eso, luego de que se dictara la cautelar, Jorge Macri apuntó contra Salvatierra y el juez interviniente. “Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada”, expresó el titular de Pro porteño en sus redes sociales. En el mismo mensaje anticipó que continuaría con su política de desalojos, algo que considera como uno de los activos de su gestión.

“Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película”, continuó. Según pudo saber LA NACION, la Procuración General de la ciudad ya apeló el fallo y presentó un recurso de nulidad absoluta contra la resolución del juez para que se levante de manera urgente toda prohibición sobre la política de desalojos.

En la administración macrista consideran que la decisión del juez Gallardo es “arbitraria y violatoria de principios constitucionales y de orden público”. Afirman que el fallo contradice el principio de propiedad privada -en tanto paraliza los operativos de “devolución de inmuebles a sus legítimos propietarios”-. “No nos da lo mismo que alguien usurpe y ocupe lo que no le pertenece, por más que un juez lo apoye con un fallo absurdo”, sostuvo Macri.

Según cifras del Gobierno de la Ciudad, desde que comenzó su gestión en diciembre de 2023, se recuperaron 840 inmuebles. La política de restitución de propiedades privadas es uno de los pilares de la agenda de “ley y orden” que impulsa el titular de Pro porteño y que viene publicitando en sus redes sociales con el objetivo de reforzar una impronta más estricta rumbo a los comicios de 2027, en los que Jorge Macri buscará su reelección.

Ahora, esa política quedará en suspenso hasta tanto se dicte sentencia definitiva u otra resolución judicial modifique la cautelar. El gobierno de la ciudad podrá, de todos modos, intervenir en aquellos casos en los que exista riesgo edilicio inminente que pueda poner en riesgo la vida o integridad física de sus residentes.

Además de suspender los desalojos, el fallo del juez Gallardo establece como regla general que, antes de proceder con los operativos policiales, el gobierno porteño deberá informar al tribunal en los contencioso administrativo y tributario de turno sobre una serie de recaudos burocráticos. En todos los casos, se deberá presentar un informe técnico que especifique los riesgos advertidos, sectores edilicios comprometidos y los motivos que hacen necesaria la evacuación.

También se solicita, entre otros requisitos, la realización de un relevamiento socio habitacional individualizado y se obliga a dar intervención al Ministerio Público Tutelar cuando el operativo involucre a menores de edad. “Estas exigencias desconocen los límites de la división de poderes y transforman a la Justicia en un órgano de auditoría operativa permanente sobre las políticas públicas”, señalaron en la gestión de Jorge Macri.

En la sede de gobierno porteño también rechazan la legitimidad de la decisión del juez de conceder carácter colectivo a un amparo individual. La defensa técnica de la administración macrista denunció que el reclamo de los residentes del inmueble de la calle Montes de Oca al 1700 se colectivizó “de forma irregular”.

“El magistrado [Gallardo] admitió de forma irregular la incorporación de agrupaciones civiles y legisladores identificados con el kirchnerismo como Victoria Freire y Alejandro ‘Pitu’ Salvatierra. Esto transformó un reclamo particular en una acción colectiva abstracta sobre la práctica de los desalojos”, indicaron.

Salvatierra era uno de los dirigentes más críticos respecto de los sucesivos operativos de desalojos del gobierno porteño y ya se había cruzado en redes sociales con Jorge Macri por el operativo policial en un edificio de la calle Cochabamba al 2600, que se encontraba tomado desde hace 20 años. Este fin de semana, tras el fallo judicial, volvieron a enfrentarse en la plataforma X.

Luego de que el jefe de gobierno lo volviera a acusar a “defender a los okupas”, el legislador de Fuerza por Buenos Aires arremetió contra Macri. “Lo que dice la Justicia es que no puede actuar como juez y desalojar a las familias usando la excusa de riesgos de derrumbe”, dijo. Puntualizó que, en caso de peligro edilicio, se deben presentar informes técnicos y protocolos que avalen la intervención, mientras que, “si hay un conflicto con la tenencia de un inmueble, tiene que solicitar la intervención judicial”.

Y agregó: “Ley y orden es que en democracia cada funcionario cumpla su rol. Usted no es un Emperador, es un jefe de gobierno y debe respetar la división de poderes”.

Por Abigail Contreiras Martínez

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