La seguridad quedó rezagada en los refuerzos presupuestarios del Gobierno
En lo que va del año, la asignación subió solo un 11%; la prioridad del gasto está en los planes sociales y el empleo
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LA NACIONLaura Serra
La inseguridad es, junto con el alza de la inflación y la crisis económica, una de las preocupaciones más acuciantes de los argentinos según las encuestas. A la hora de asignar prioridades en el gasto, el Gobierno volcó una enorme masa de recursos en planes sociales para la asistencia alimentaria y de empleo de los sectores de menores ingresos. Las partidas destinadas a la defensa y seguridad, sin embargo, estuvieron lejos de ese nivel.
Según los datos de ejecución presupuestaria del sitio del Ministerio de Economía, la función Seguridad Interior cuenta con una partida de $162.532 millones tras recibir un refuerzo del 11% respecto de su crédito inicial. Muy lejos de la inflación acumulada en lo que va del año, del 37%. En cambio, la función Promoción y Asistencia Social tuvo un incremento en estos diez meses del año del 45,6% respecto del crédito original: hoy cuenta con una asignación de $435.652 millones.
El rubro Seguridad Interior engloba las partidas destinadas a la Gendarmería Nacional –clave en la protección de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico–; la Policía Federal –incluido el servicio de bomberos–; la Prefectura Naval; la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los distintos programas que maneja el Ministerio de Seguridad, hoy en manos de Aníbal Fernández.
La función Inteligencia, en tanto, tuvo un sugestivo aumento este año, del 39,3% respecto del crédito inicial. Mayor a la de Seguridad Interior y superior a la de la inflación acumulada. En efecto, su asignación anual se incrementó de $10.109 millones a poco más de $14.000 millones; allí está incluida la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, con un presupuesto actualizado de $4437 millones, tuvo un aumento del 26% en lo que va del año.
Como se dijo, las partidas destinadas a los planes de asistencia alimentaria y de empleo son las que el Gobierno decidió priorizar en la asignación de los recursos a lo largo de este año. La función Trabajo creció de manera exponencial, un 476,5% respecto del crédito inicial, influido por el programa Acciones de Empleo del Ministerio de Trabajo, dedicado a entregar subsidios por desempleo, capacitación laboral y los llamados REPRO (programa de Recuperación Productiva) a las empresas con dificultades económicas.
También tuvo una fuerte alza la función Turismo, Comercio y otros servicios (+ 139% respecto del crédito inicial) motivado por el programa PreViaje lanzado por el ministro Matías Lammens. Las funciones Comunicaciones (+52%) y Energía (+36%) fueron también beneficiadas con refuerzos presupuestarios por encima de la inflación acumulada.
En estos 10 meses del año, el Gobierno incrementó el gasto por más de un billón de pesos: $1.207.203 millones para ser exactos. Buena parte de esos refuerzos se destinaron a programas sociales (Repro II, Políticas Alimentarias, Potenciar Trabajo, becas Progresar, entre otros), subsidios energéticos y a la inversión pública.
En cuanto a la ejecución de las partidas asociadas a la pandemia, la ley de presupuesto autorizó créditos por $110.000 millones, los cuales fueron reforzados a lo largo de los primeros nueve meses del año por un monto de $324.763 millones, según detalla el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Una de las partidas que mayor refuerzo tuvo fue la destinada a la compra y traslado de las vacunas contra el Covid-19: de una asignación inicial de poco más de $13.000 millones trepó a casi $108.000 millones.
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