Milei viaja para apoyar a Flávio Bolsonaro cuando su padre pelea por salir en libertad
El mandatario asistirá el 25 de julio, en San Pablo, a la convención que lanzará la candidatura de su aliado regional; se especula con que se traslade a Brasilia y visite al expresidente, en prisión domiciliaria
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
BRASILIA.- En un desafío directo a la diplomacia regional, el presidente argentino, Javier Milei, se prepara para viajar a Brasil con el objetivo de respaldar a la oposición y encontrarse con Jair Bolsonaro.
El mandatario asistirá el 25 de julio en San Pablo a la convención nacional del Partido Liberal (PL), donde apoyará el lanzamiento de la postulación presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en un viaje que también pretende aprovechar para trasladarse a Brasilia y visitar al expresidente de Brasil (2019-2022).
La cita será en un escenario inédito: el líder de la derecha brasileña cumple una condena de más de 27 años de prisión bajo un régimen de reclusión domiciliaria humanitaria e intenta quemar sus últimos cartuchos para revertir su destino penal.
La agenda de Milei con el expresidente de Brasil, un respaldo explícito a la oposición al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de tres meses de las elecciones del 4 de octubre, estará impactada por la realidad impuesta por el máximo tribunal. El horizonte del exjefe de Estado brasileño está sellado hoy por un doble candado: el frente penal y la inhabilitación dictada por la justicia electoral.
En septiembre de 2025, la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) dictó una sentencia sin precedentes para la historia política de Brasil: Bolsonaro se convirtió en el primer exmandatario condenado por intentar una ruptura democrática, que tuvo como punto culminante los ataques e invasiones a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023.
El tribunal le impuso una pena de 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial cerrado, tras dar por probada su posición como líder de una organización criminal armada que intentó dar un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula.
El expresidente no solo instigó activamente a los jefes de las Fuerzas Armadas a sublevarse tras su derrota electoral, sino que revisó y modificó borradores de decretos golpistas para anular las elecciones e intervenir el Poder Judicial. Durante la lectura de las sentencias, el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, fue contundente al justificar la severidad de las penas, previstas para “apartar la idea de que es fácil quebrar el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder”.
Tras el agotamiento de recursos ordinarios, la condena quedó firme y comenzó a ejecutarse el 25 de noviembre de 2025. Frente al callejón sin salida de una sentencia definitiva, los abogados defensores de Bolsonaro presentaron ante la Corte, en mayo pasado, un pedido de revisión criminal. Se trata de una acción procesal de carácter excepcional para discutir fallos firmes si se demuestran errores judiciales de gravedad. La defensa busca la absolución alegando vicios de competencia y la nulidad de una colaboración premiada clave.
Su entorno político intenta mantener viva la expectativa de un vuelco. El recurso fue sorteado al juez Kassio Nunes Marques -considerado cercano al exmandatario-, lo que reactivó el optimismo de la cúpula del PL. Sin embargo, en el tribunal las expectativas se disipan: los magistrados califican las chances de “remotas” y la Procuraduría General de la República (PGR) ya se manifestó formalmente a favor de rechazar de plano el planteo.
A este escenario se suma la situación de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y exdiputado, condenado recientemente a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción en el curso del proceso de la trama golpista.
Eduardo se encuentra “autoexiliado” en Estados Unidos, donde se radicó para protegerse de lo que denomina una “persecución”. En Washington, el hijo menor del exmandatario operó activamente ante la Casa Blanca promoviendo la imposición de sanciones financieras y la quita de visados contra jueces del STF durante el curso del proceso contra Bolsonaro, con la intención de amedrentar a las instituciones brasileñas y forzar una amnistía para su padre.
El aislamiento físico de Jair Bolsonaro actual no es el mismo que vivió desde el inicio de su reclusión. Al comenzar a ejecutar su condena a fines de 2025, fue alojado inicialmente en las celdas de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Luego, a mediados de enero de este año, fue trasladado a una celda militar en un batallón de la Policía Militar en Brasilia, una prisión de seguridad conocida popularmente como “Papudinha”.
Su reclusión doméstica es reciente: fue concedida por la Corte Suprema el 24 de marzo, con carácter humanitario, luego de que el exjefe de Estado sufriera un cuadro severo de bronconeumonía que demandó cuidados de terapia intensiva.
El expresidente pasa sus días en una casa de dos pisos en el barrio de Jardim Botânico. Un oasis arbolado vigilado por agentes policiales en el que tiene prohibido pisar las áreas comunes del predio o usar teléfonos. Es precisamente en este lugar, a quince minutos del palacio presidencial del Planalto, donde puede darse la proyectada irrupción de Milei.
Las visitas a Bolsonaro están actualmente restringidas a familiares, abogados y profesionales de la salud. Cualquier otra persona debe solicitar previamente una autorización a la Corte.
Paralelamente, el bolsonarismo apuesta a la aplicación de la llamada “Ley de la Dosimetría”, que redefine el cálculo de penas. Analistas calculan que, si entra en vigor, Bolsonaro podría dejar el régimen cerrado y acceder al semiabierto hacia mediados de 2028. No obstante, el juez Moraes suspendió los efectos de esta ley hasta que la Corte juzgue las acciones directas de inconstitucionalidad promovidas por sectores civiles.
Incluso ante un improbable beneficio penal, Bolsonaro arrastra el lastre de la justicia electoral. El Tribunal Superior Electoral (TSE) lo condenó en dos ocasiones a la inelegibilidad por un periodo de ocho años por abuso de poder político y uso ilegal de medios públicos en la campaña de 2022. Estas condenas le impiden presentarse a cargos electivos hasta 2030.
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