Escuela secundaria: los docentes advierten que las familias participan poco, pero en ciertas decisiones las prefieren lejos
El 58,2% considera el monitoreo de los adultos a las trayectorias educativas es bajo, pero también hay resistencia a integrarlos en la organización institucional, según la UCA
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LA NACIONLucila Marin
En medio de los debates sobre la reforma de la escuela secundaria en la Argentina, un nuevo dato arroja luz sobre una de las fracturas más profundas del sistema: el vínculo de la escuela y las familias, que en el último tiempo quedó expuesto en diversos episodios violentos con padres que atacaron y golpearon a docentes y directivos. El 58,2% de los educadores considera que el nivel de participación familiar en las trayectorias educativas es bajo.
El dato lo releva el informe “Repensar la Escuela Secundaria”, que presentarán hoy el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) y la Asociación Conciencia, basado en una encuesta nacional realizada a docentes y directivos.
Este diagnóstico no golpea a todos por igual y funciona como un espejo de la desigualdad social en el país. Mientras que en las escuelas de nivel socioeconómico (NSE) alto solo el 29,4% de los docentes percibe esta falta de compromiso, en los sectores de NSE bajo la cifra se dispara al 73,1%. Es también una cuestión de gestión: en las escuelas estatales, la percepción de baja participación alcanza al 63,7% de los encuestados, frente a un 37,9% en las instituciones de gestión privada.
Esta “ausencia” percibida por los docentes genera una paradoja institucional que el informe define como una “relación compleja”. A pesar de que la comunidad educativa reclama un mayor acompañamiento cotidiano de las familias, existe un límite claro cuando se trata de abrir las puertas a la toma de decisiones. El mismo cuerpo docente rechaza contundentemente (70,6%) que los padres tengan voz en la selección de los equipos directivos, una tarea que defienden como parte de su autonomía profesional y la gestión estatal.
Existe también una fuerte resistencia a que el Consejo de Padres y Madres intervengan en el Proyecto Educativo Institucional: en este punto, el rechazo de los educadores alcanza un 47,5%.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa presentada por el Gobierno con el Consejo de Mayo establece la creación de los Consejos Escolares de Padres para las instituciones escolares estatales como el mecanismo principal para la participación de las familias.
Estarían integrados por padres y tutores de los estudiantes, quienes serían elegidos por sus propios pares. Aunque su organización y funcionamiento operativo dependerían de la normativa que dicte cada jurisdicción, una de sus funciones seria en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la escuela, como así también en la elaboración de reglamentos internos, supervisión, control y asesoramiento en asuntos institucionales.
La autonomía de cada escuela
La encuesta aborda otros puntos de la propuesta oficialista que busca modificar la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), que aún no avanzó en el Congreso.
Además de la importancia del rol de las familias, la ley promueve la autonomía institucional y pedagógica de todas las escuelas, permitiendo que las instituciones estatales avancen hacia una gestión independiente con la participación directa de las familias mediante estos consejos.
La encuesta refleja una expectativa positiva generalizada en cuanto a la autonomía escolar: el 91% de los educadores identifica al menos un área que mejoraría con una mayor capacidad de decisión institucional. El apoyo más alto (72%) se encuentra en la autonomía para organizar prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo.
Por último, uno de los puntos de mayor consenso es la implementación de una evaluación nacional estandarizada y opcional al finalizar la secundaria. El 65,2% de los docentes y directivos está de acuerdo con esta medida, orientada a evaluar aprendizajes en lengua, matemática y ciencias.
La ley propone la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación que busca funcionar como un parámetro universal, aunque sería voluntaria.
Consensos pedagógicos y el rechazo a la repitencia
En el plano del aula, los educadores coinciden en la necesidad de modernizar las formas de enseñanza. Existe un amplio consenso (74,2%) a favor de profundizar metodologías activas y participativas que centren el proceso en el estudiante. “Es un gran consenso. Siete de cada diez educadores están de acuerdo con profundizar la utilización de metodologías activas, como pueden ser los aprendizajes basados en proyectos”, describió Ianina Tuñon, investigadora del OSDA- UCA y autora del informe.
El punto de mayor fricción sigue siendo el régimen académico. Persiste una fuerte resistencia respecto a la eliminación de la repitencia, un modelo hacia el cual avanzaron en el último tiempo tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires. El 60,8% de los educadores se manifiesta en desacuerdo con reemplazarla por un sistema de aprobación por materias, evidenciando que este debate estructural aún no está saldado en la comunidad educativa.
Frente al debate por el uso de celulares, la mayoría (41,6%) prefiere la integración pedagógica antes que su prohibición o restricción, una medida más extendida en primaria.
“Hay un montón de dimensiones educativas que la escuela secundaria tiene que abordar que necesitan del uso del celular. Ejemplo: educación financiera. El 80% de los adolescentes tiene una billetera virtual, la administran en un dispositivo. ¿La escuela tiene que enseñar educación financiera? Nosotros institucionalmente creemos que sí, y para eso se tiene que integrar el dispositivo en la enseñanza”, planteó Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de la Asociación Conciencia.
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