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Fotos de alumnas de Pellegrini “desnudas” con IA: investigan a unos 50 menores y analizan quiénes son punibles
Según explicó Daniela Dupuy, la tecnología avanza más rápido que la legislación y eso dificulta la respuesta judicial en este tipo de investigaciones
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LA NACION
La investigación por la difusión y presunta comercialización de imágenes de alumnas del Colegio Carlos Pellegrini generadas con inteligencia artificial continúa avanzando. Mientras la fiscalía intenta reconstruir cómo se produjo el material, quiénes participaron de su circulación y si existió un beneficio económico detrás de la maniobra, la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), advirtió que se trata de un fenómeno que se repite con frecuencia y que plantea nuevos desafíos para la Justicia.
El caso tomó estado público incluso antes de que se conocieran las denuncias presentadas por la difusión de fotografías manipuladas digitalmente para mostrar desnudas a alumnas de 2° año del Pelegrini. Sin embargo, según explicó Dupuy, no se trata de un hecho aislado.
“No es la primera denuncia que nosotros recibimos de estas características. En este caso tomó estado público porque es el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, pero nosotros constantemente en la fiscalía estamos recibiendo este tipo de denuncias”, afirmó durante una entrevista en el programa Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre.
La fiscal explicó que la modalidad consiste en utilizar aplicaciones de inteligencia artificial capaces de modificar fotografías reales de adolescentes para generar imágenes falsas con contenido sexual. “Lo que hacen los adolescentes es utilizar un software o una aplicación de inteligencia artificial que desnuda las fotos que ya tienen de sus compañeras. Entonces percibimos a una niña o una adolescente con una cara real, pero su cuerpo está desnudo”, describió.
Según indicó, la investigación enfrenta dos ejes principales. Por un lado, determinar las responsabilidades penales derivadas de la producción y circulación de ese material y, por otro, establecer cómo incide que los presuntos autores sean menores de edad no punibles al tener menos de 14 años.
“Son delitos completamente graves. Estamos hablando de producción y de comercialización, en este caso, de imágenes de explotación sexual de niñas y adolescentes”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la fiscalía también debe establecer la edad de las víctimas porque el Código Penal fija distintos alcances según se trate de menores de 13 o de 18 años.
Al mismo tiempo, señaló que otra de las cuestiones centrales pasa por definir la situación de los adolescentes investigados. “Tenemos que determinar si las personas que cometieron estos delitos son punibles”, indicó, al hacer referencia al régimen penal juvenil vigente.
Dupuy aseguró que la investigación continuará para identificar a todos los involucrados. “Estamos investigando a fondo porque entendemos que es un fenómeno internacional, no pasa nada más en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a llegar a fondo para determinar concretamente quiénes son los autores”, afirmó.
Ante una consulta sobre si los involucrados serían alrededor de 50 alumnos, la fiscal respondió que, en principio, esa sería la cantidad que surge de las primeras actuaciones. Sin embargo, aclaró que ahora resta establecer el grado de participación de cada uno.
“Tenemos dos cuestiones que en la investigación más fina hacemos desde la fiscalía: quién realmente produjo esa imagen, entre quiénes se distribuyó y quién la comercializó”, explicó.
Además del aspecto penal, Dupuy consideró que el caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y educación digital dentro del sistema educativo.
Según sostuvo, actualmente no existe un protocolo uniforme para que los establecimientos educativos actúen frente a este tipo de situaciones.
“El Ministerio de Educación tiene que bajar línea en los diferentes colegios sobre qué medidas se tienen que tomar cuando ocurre esto en el ámbito escolar. Si no, cada director hace lo que quiere”, afirmó.
Para la fiscal, el avance de las nuevas tecnologías modificó la forma en que los adolescentes se relacionan y obliga a repensar las herramientas de prevención. “Hay que trabajar mucho en una educación digital que no está hecha ni abordada de manera profunda. Hoy las nuevas tecnologías y esta posibilidad que tienen los chicos de vivir a través de las redes nos cambiaron todos los paradigmas”, sostuvo.
También advirtió sobre la necesidad de actualizar la legislación frente al desarrollo de la inteligencia artificial. “Tenemos un vacío legal por la creación total de estas imágenes con inteligencia artificial y debemos impulsar a los legisladores para que de una buena vez lo incorporen, como ya hicieron otros países, en sus legislaciones penales”, planteó.
No obstante, aclaró que, a su entender, cuando una imagen combina el rostro real de una persona con un cuerpo desnudo generado mediante inteligencia artificial, el delito igualmente puede configurarse.
“Cuando hay una creación parcial de inteligencia artificial, donde un cuerpo vestido pasa a un cuerpo desnudo y la cara se percibe claramente, para mí el delito se consuma”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que el desafío excede el caso puntual y requiere una respuesta coordinada entre la Justicia, el sistema educativo y el Poder Legislativo para adecuar las normas a un escenario tecnológico que evoluciona con rapidez. “Los legisladores tienen que trabajar y avanzar de acuerdo con el avance de la tecnología porque, si no, nos deja con las manos atadas, independientemente de si los involucrados son mayores o menores de edad”, concluyó.
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