Según informó la agroexportación, el acuerdo abarca 2026 basado en el índice de precios del consumidor del Indec estimado vía el REM
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Tras varias semanas de negociaciones, las empresas exportadoras de la industria aceitera y los sindicatos del sector alcanzaron un acuerdo salarial que abarca todo 2026. Según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), el incremento acumulado será del 29,5%.
De acuerdo con la entidad empresaria, el entendimiento se construyó sobre la base de la evolución esperada de la inflación. En ese sentido, señaló que el acuerdo se elaboró tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec estimado a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). “La industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios”, expresó Ciara-CEC en un comunicado difundido tras el cierre de las negociaciones. Los exportadores negociaron con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara).
El valor comprometido del 29,5% de aumento está en línea con las expectativas del REM del Banco Central (BCRA), que va del 30,5 a 31,5%.
Fuentes al tanto de la negociación indicaron a LA NACION que el entendimiento prevé para mayo y junio el pago de dos sumas fijas no remunerativas. A partir de julio comenzará a aplicarse un incremento del 16%, también de carácter no remunerativo, sobre el que se instrumentará el resto del esquema salarial acordado para el año.
Desde el sector gremial, Ftciodyara y SOEA del Departamento San Lorenzo informaron que el acuerdo llevará el salario inicial de la categoría peón a $2.578.400 desde el 1° de julio y a $2.719.040 a partir del 1° de septiembre. Además, precisaron que se abonará una suma retroactiva correspondiente a mayo y junio junto con los haberes de este último mes.
En el comunicado las organizaciones señalaron que durante toda la negociación defendieron “el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)”. Agregaron que ese criterio busca garantizar que los trabajadores puedan cubrir “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Los gremios también sostuvieron que la discusión salarial se desarrolló en un contexto en el que “el gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina”. En ese marco, cuestionaron la reforma laboral impulsada por el Gobierno al afirmar que “pretenden limitar, hasta el punto de la prohibición, el ejercicio constitucional de la huelga”. Asimismo, hablaron de “una burda campaña de desinformación contra nuestras organizaciones gremiales y el legítimo reclamo a un salario digno”.
En tanto, Ciara-CEC remarcó que el convenio “cubre todo el año 2026” y sostuvo que el esquema acordado “garantiza la paz social durante todo el año”.
Negociación
El acuerdo llegó luego de varias semanas de negociaciones. A fines de mayo pasado los gremios lanzaron un paro nacional, que luego fue suspendido por una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Tras el vencimiento de esa instancia, las partes mantuvieron sucesivas audiencias sin lograr un entendimiento inmediato. Incluso, el jueves pasado una reunión de 12 horas concluyó sin acuerdo y pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes, cuando finalmente se alcanzó el cierre de la paritaria.
Durante toda la discusión, los sindicatos reclamaban una recomposición salarial del 20%, mientras que las empresas defendían un esquema de actualización de los salarios vinculado a la evolución de la inflación. Esa diferencia fue el principal punto de conflicto hasta el entendimiento anunciado hoy.

Según pudo saber este medio, la reunión de hoy, en la que finalmente se alcanzó el entendimiento, estuvo marcada por momentos de fuerte tensión y extensas discusiones entre las partes. El sindicato mantuvo una posición dura durante buena parte del encuentro y no cedía. El clima, además, estaba condicionado por la posibilidad de una nueva medida de fuerza. Días antes, en un comunicado conjunto, los gremios habían advertido que la negociación podía derivar en “un nuevo conflicto” y señalaron que, de no arribar a un acuerdo, estaban dispuestos a ejercer el derecho de huelga.
En el sector seguían de cerca la evolución de las conversaciones porque, una vez vencida la conciliación obligatoria, existía el riesgo de que los gremios retomaran el paro. Eso hubiera ocurrido en pleno pico de ingreso de la cosecha gruesa a las plantas y terminales portuarias del Gran Rosario, cuando la industria recibe el mayor volumen de granos del año para su procesamiento y exportación.
La preocupación también respondía al peso que tiene el complejo oleaginoso-cerealero en la economía argentina. Se trata de uno de los principales aportantes de divisas del país. Según el último informe de Ciara-CEC, solo en mayo las empresas liquidaron US$2677 millones, mientras que entre enero y mayo el ingreso acumulado alcanzó los US$10.343 millones. En ese contexto, una medida de fuerza podía afectar el ritmo de molienda, los embarques y el ingreso de dólares provenientes de las exportaciones agroindustriales.
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