Perverso, destructivo y corrupto
La declaración de Mariana Zuvic en la causa Cuadernos es una síntesis de lo que el kirchnerismo ha trasladado como nefasta estrategia a sus gestiones nacionales
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Entre las esclarecedoras declaraciones que se están prestando en el juicio oral por la causa Cuadernos, días atrás se escuchó el contundente testimonio de la exdiputada nacional Mariana Zuvic. Se trata de quien hace ya muchos años viene denunciando valientemente el sistema de corrupción instaurado en la provincia de Santa Cruz -de donde es oriunda- por parte del kirchnerismo. Ha sido testigo presencial durante décadas en ese distrito del desarrollo de un esquema de destrucción cultural y dominación institucional diseñado para perpetuarse en el poder.
Tempranamente, Zuvic advirtió sobre el modelo que los Kirchner aspiraban a proyectar a todo el país. Y su advertencia, lamentablemente, se confirmó en los hechos cuando esa estructura comenzó a extenderse con la asunción del kirchnerismo al plano nacional.
Zuvic aportó datos, nombres y relató acontecimientos. Hizo una descripción pormenorizada del modo a través del cual Néstor Kirchner, como gobernador, comenzó un proceso que llevaría a cambiar tanto la matriz productiva de la provincia como su identidad cultural, imponiendo una política populista de dependencia de sus ciudadanos, dentro de un tan planificado como nefasto esquema de latrocinio de los recursos estatales que lo enriqueció junto a sus cómplices dentro y fuera del Estado.
En carácter de testigo en la causa que investiga el mayor caso de corrupción estatal en la historia argentina reciente, la exlegisladora por la Coalición Cívica-ARI explicó cómo el entonces gobernador aprovechó la declaración de emergencia económica para adoptar medidas extraordinarias y dictar normas eludiendo controles y evitando la obligatoria rendición de cuentas. A través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la administración de Vialidad, “aprendieron” -expresó- la forma de manejar y distribuir la obra pública a su antojo, adueñándose de empresas constructoras luego de haberlas llevado al borde de la quiebra por medio de un atraso permanente en los pagos de sus acreencias.
Relató cómo el kirchnerismo en el poder designó militantes en los organismos de control gubernamental y de recaudación, y que cuando la Procuración General intentó auditar fondos provinciales, desplazó a su titular, Eduardo Sosa, y arbitrariamente la dividió dejándola sin funciones. Anteayer, 31 años después de aquella decisión antirrepublicana, la Legislatura santacruceña decidió reponer a Sosa en aquel cargo. La medida tuvo lugar, vale recordarlo, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuviera que intervenir ordenando al Tribunal Superior de Justicia santacruceño a respetar la ley que ordenaba su ampliación. Santa Cruz está empezando por estos días a recuperar su institucionalidad. El daño infligido por la mala política ha sido intenso.
La descripción que Zuvic hizo en el juicio lo atestigua. Dijo que durante el kirchnerismo en su provincia se nombraron jueces y fiscales militantes para garantizarse impunidad. Que el Banco de Santa Cuz quebró y se privatizó parcialmente con capitalistas amigos, mientras que otros cómplices privados compraban canales de televisión, radios y diarios que se distribuían entre sí y desde los cuales -pauta oficial de por medio- alababan la gestión oficial silenciando a la oposición. Contó que, para el año 2000, habían desaparecido los 600 millones de dólares recibidos por la provincia durante el menemismo a modo de compensación por regalías petroleras mal liquidadas por parte de YPF; que el 76% de los ciudadanos de una provincia rica y pujante como la suya pasaron a depender del Estado para vivir; que se había roto la estructura productiva, y que reinaba un régimen de temor, sometimiento y vigilancia caracterizado por una violencia política, económica y física.
Santa Cruz, dijo, fue la matriz sobre la que se proyectaría el régimen político más perverso, destructivo y corrupto de la historia argentina. Imposible negar en los hechos la continuidad de ese perverso sistema paralelo; de esa estrategia, métodos y nefastos personajes que, con el mismo propósito, tuvieron presencia y lugar durante la larga gestión del kirchnerismo en el gobierno nacional.
Con el tiempo, tras el enorme daño social, político y económico producido, la alternancia electoral terminó removiendo de sus cargos a quienes se enriquecieron manejando administraciones como si fueran feudos. Algunos medios comprados por dirigentes kirchneristas no se sostuvieron, pese a la profusa pauta oficial; la malversación de la obra pública está siendo juzgada; se terminó con el despilfarro presupuestario y comenzó una fuerte corriente para despejar el camino hacia la generación de riqueza a través de la iniciativa e inversión privadas. Pero existen tres factores fundamentales que han permanecido intocables y que ponen en riesgo un futuro venturoso para nuestro país: el cambio cultural que impuso la política de género y la de derechos humanos que nos rige, centrada exclusivamente en el pasado alimentando el odio y la división en lugar de enfocarse en la marginalidad que coloca a la niñez y la adolescencia en riesgo permanente ante la delincuencia y la droga, especialmente en los grandes conurbanos; la supresión del respeto a las jerarquías y del aliento al mérito, y la presencia de militantes en el Poder Judicial federal. En especial, fiscales designados en la Procuración General de la Nación que respondieron a la corriente conocida como Justicia Legítima, que no solo han prohijado la impunidad de los ladrones en el poder, sino también perseguido a los opositores políticos.
El libro El Pacto Kirchner-Verbitsky, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, disponible en las redes, nos brinda un detallado listado de los espurios concursos llevados a cabo en la Procuración General durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, hoy defensora de funcionarios kirchneristas imputados precisamente en la causa Cuadernos. Son males de los cuales no nos librará la mano invisible del mercado sino, exclusivamente, la decisión valiente de quienes ejercen hoy funciones en los tres poderes de la administración pública.








