Trump, contra las políticas santuario: demandó a Maryland por sus leyes que protegen a los inmigrantes

El gobierno de Donald Trump demandó al estado de Maryland por las normas que limitan la colaboración con las autoridades federales de inmigración. La acción judicial forma parte de la ofensiva impulsada por la Casa Blanca contra las denominadas políticas santuario, una categoría utilizada para describir a estados y ciudades que restringen la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ante un tribunal federal de Maryland. Según informó el organismo en un comunicado oficial, el gobierno federal considera que varias disposiciones estatales interfieren con la aplicación de las leyes migratorias y dificultan el trabajo de los agentes encargados de ejecutar órdenes de detención y transferencia de inmigrantes bajo custodia.

De acuerdo con la presentación judicial, algunas instalaciones administradas por el estado se niegan a facilitar la entrega de inmigrantes requeridos por el ICE y otras autoridades federales, incluso cuando existen solicitudes formales de detención migratoria.

“Los agentes federales de inmigración simplemente hacen cumplir las leyes que aprobaron los representantes elegidos por nuestra nación en el Congreso. Cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a inmigrantes indocumentados de las fuerzas federales del orden, no solo se viola la ley federal, sino que también se silencian las voces de los votantes estadounidenses", afirmó el fiscal general adjunto asociado Stanley Woodward en el comunicado.

El concepto de jurisdicción santuario surgió en la década de 1980, cuando iglesias y organizaciones religiosas ofrecían refugio a migrantes centroamericanos que escapaban de conflictos armados y temían ser deportados.

Actualmente, el término suele aplicarse a estados, condados y ciudades que limitan distintos niveles de cooperación con el ICE, especialmente en materia de intercambio de información o retención de personas por cuestiones migratorias.

De acuerdo con Reuters, los defensores de estas medidas sostienen que fortalecen la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas de seguridad locales. Además, argumentan que ayudan a que víctimas o testigos de delitos denuncien hechos sin temor a consecuencias migratorias.

Sus críticos, en cambio, consideran que estas restricciones dificultan la aplicación de las leyes federales y reducen la capacidad del gobierno para ejecutar deportaciones. “El pueblo estadounidense es quien termina sufriendo cuando los estados aprueban estas irresponsables políticas santuario”, afirmó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate.

Según el comunicado oficial, el gobierno de Trump instruyó a la División Civil del DOJ a identificar leyes, políticas y prácticas estatales o locales que faciliten violaciones de normas federales o interfieran con operaciones legítimas del gobierno nacional.

De acuerdo con el DOJ, este litigio es el más reciente de una serie de aproximadamente 20 demandas federales dirigidas contra políticas que, según la administración Trump, obstaculizan el cumplimiento de la legislación federal.

Entre los estados mencionados por el organismo figuran Nueva York, Illinois, Connecticut y Colorado, todos gobernados por demócratas y con distintos mecanismos que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.

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