Trabajar en un centro de detención del ICE: migrantes reciben US$1 al día por limpiar, pero reclaman “explotación laboral”
El debate sobre estos “trabajadores” ha vuelto a nivel federal tras un acuerdo extrajudicial entre California y la empresa privada de prisiones GEO Group que confirma que los detenidos están protegidos por las normas laborales del Estado
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A José Luis le apodaron “El acomedido”. Así le decían otros migrantes en el centro de detención de Adelanto, en California, porque lo veían comer tan rápido como podía para luego limpiar la suciedad que quedaba en las mesas. “Era la única manera de ganar algo de dinero para comprar lo que necesitaba allí adentro: sopas, un cepillo de dientes. Sabía que mi familia no podía depositar dinero en mi cuenta”, recuerda este mexicano que recientemente salió de esa instalación, operada por la empresa GEO Group, con un contrato millonario que desde hace años mantiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
José Luis, como pide que se le identifique por temor a represalias, recibía apenas un dólar al día por limpiar el comedor, los baños y las áreas comunes de Adelanto. Se trata de un “estipendio” que, desde hace varios años, reciben quienes participan en el llamado Programa Voluntario de Trabajo en los centros de detención del ICE. Activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes lo consideran un caso de “explotación laboral”, sobre todo porque beneficia a una empresa con una sólida situación financiera: GEO Group cotiza en la Bolsa de Nueva York y está valorada en alrededor de 4000 millones de dólares.
Ese pago de un dólar diario fue autorizado hace tiempo por el Congreso de Estados Unidos y prácticamente no ha cambiado en décadas. Ni siquiera se ha ajustado a ningún salario mínimo estatal. En California, por ejemplo, el sueldo mínimo es de 16,90 dólares por hora para la mayoría de los trabajadores y de 20 dólares por hora para quienes laboran en restaurantes de comida rápida.
“Ese sueldo de un dólar al día es patéticamente bajo. Deja claro que no se les ve como seres humanos, sino como esclavos modernos que no merecen que se les pague nada”, dice Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes. “La explotación se hace evidente en esta situación de detención”.
El tema ha vuelto al debate público después de que un reciente acuerdo extrajudicial entre el gobierno de California y GEO Group confirmara que los migrantes detenidos también están protegidos por las normas estatales de seguridad y salud en el trabajo. Tras una batalla legal de tres años, la empresa aceptó pagar más de 100 mil dólares por no proporcionar equipo de protección ni capacitar adecuadamente a quienes realizaron labores de limpieza en el centro de detención Golden State Annex, ubicado en McFarland, en el valle central de California.
Las quejas de los migrantes
La sanción había sido impuesta en 2023, luego de que inspectores de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus siglas en inglés) detectaran seis violaciones de la normativa estatal.
El caso se abrió porque algunos detenidos en Golden State Annex alegaron que era común limpiar moho negro de las paredes de los baños, veían salir polvo negro de los conductos de ventilación y utilizaban productos de limpieza sin instrucciones durante la pandemia.
“Todo trabajador merece un entorno laboral seguro y saludable, y debe poder denunciar los riesgos en el trabajo sin temor a represalias”, afirmó en una declaración enviada a este diario un portavoz de Cal/OSHA, refiriéndose al acuerdo extrajudicial con The GEO Group.
La empresa intentó librar las sanciones argumentando ante la Junta de Apelaciones de Seguridad y Salud Ocupacional de California que los detenidos que realizan labores de limpieza en los centros del ICE fijan sus propios horarios, no son empleados y no estaban cumpliendo “tareas asignadas” cuando quedaron expuestos a los riesgos. Sin embargo, el organismo concluyó que, en ese caso, sí eran “empleados afectados”. Con ello, se convirtió en la segunda entidad gubernamental en California en reconocerlos como trabajadores.
Tras ese revés, GEO Group demandó al gobierno californiano. El litigio terminó con un acuerdo extrajudicial por el que la empresa aceptó pagar 104.510 dólares y proporcionar equipo de protección a los migrantes.
¿Empleados o voluntarios?
La clasificación de estos migrantes en California y el resto del país sigue siendo motivo de disputa. Para Cal/OSHA, se trata de trabajadores que “tienen derecho a protecciones de seguridad laboral”. GEO Group y el ICE, en cambio, sostienen que son voluntarios.
Una actualización reciente de los estándares para estos centros de detención establece que “los detenidos voluntarios que participan en el Programa de Trabajo Voluntario no se consideran empleados del centro de detención ni del gobierno, y no tienen derecho a salarios ni a prestaciones conforme a las leyes salariales o normativas laborales aplicables”.
El acuerdo entre ambas partes no dejó resuelta la situación de los migrantes que, entre muchas otras tareas, limpian las instalaciones, preparan alimentos o cortan el cabello a otros detenidos. Sin esa mano de obra extraordinariamente barata, GEO Group tendría que destinar una suma considerable para cubrir esos trabajos. La empresa administra 95 instalaciones (entre prisiones, centros de procesamiento y centros de reingreso) con capacidad para unas 75.000 camas.
Solo en California operan cinco centros de detención migratoria, entre ellos el de Adelanto. José Luis, el mexicano que realizó labores de limpieza durante su estancia allí, no titubea al describir su experiencia: “A mí y a muchos otros nos explotaban de día y de noche”. ICE y GEO Group no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El pago de un dólar diario para los migrantes detenidos ha llegado a los tribunales en California, Washington y Colorado, donde los demandantes han señalado a GEO Group y a otros operadores privados de centros de detención. Hasta ahora, esas acciones legales no han logrado modificar ese esquema de compensación.
“No pasa nada porque se atienden las necesidades más urgentes: que no maten a otro migrante como pasó en Houston, que se detengan las redadas del ICE, que se dé el trato que corresponde en los centros de detención”, señala Gutiérrez. “Los migrantes gastan ese dólar que les pagan comprando cosas que se supone los propios centros de detención deben proveerles: pastas de dientes, jabón, cepillos de dientes y alimentos. Para nada más”.
José Luis dice que se esmeraba en la limpieza en el centro de Adelanto para no perder el “privilegio” de ganar al menos ese raquítico pago. Es el único proveedor de su familia y, cuando lo detuvo el ICE hace unos meses en una calle del sur de California, su esposa e hijos quedaron desamparados. Este mexicano asegura que ha vuelto a casa con hongos en las uñas de las manos y sospecha que los contrajo mientras limpiaba los sanitarios. “Me aguanté porque pensaba: este dólar que me pagarán hoy lo necesito para comer”.
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