La silla eléctrica del quinto piso
Quien asume la función de ministro de Economía, carga con el pesado costo del “prontuario argentino” de los últimos 80 años
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LA NACION
De todos los quintos pisos habidos y por haber, el peor se encuentra en Hipólito Yrigoyen 250, del lado austral de la Casa Rosada. Allí tiene su despacho el ministro de Economía. No solo el actual, sino los 68 que ocuparon el cargo desde 1940 cuando el edificio se inauguró con gran pompa y ceremonia. Aunque siempre se les ocultó que ese sitial, de tanto prestigio, es en realidad un iter ad patibulum (el camino hacia el patíbulo).
A pesar de la imponencia de su título, quien allí se acomoda encuentra su gestión encorsetada por múltiples decisiones colectivas del pasado, cuya modificación está bien lejos del alcance de su lapicera. Es un estrecho desfiladero entre mitos populares, creencias compartidas, situaciones de hecho, equilibrios inestables, intereses creados, contubernios políticos, chalecos legales, derechos adquiridos y amparos judiciales.
Tomemos la coyuntura actual. Ha caído la inflación, rige el déficit cero, se redujo la pobreza, se aventó el riesgo de “default”, se eliminó la “brecha” (y las SIRA), avanzan enormes inversiones en sectores clave y exportaciones récord que sustentarán el crecimiento. Y, sin embargo, todo luce como una promesa abstracta, ajena a las urgencias de la gente. En las ciudades, los encuestados afirman apoyar el rumbo, pero reclaman resultados concretos pues “la plata no alcanza”. Esa es la demanda más difundida a la gestión económica y la exigencia que más frustra a quien, desde el “pentapiso”, cree haber hecho lo posible dentro del alcance de sus potestades. Pero así es la política, tan impiadosa como las eliminaciones del Mundial. Al público no le importan las explicaciones, sino los resultados inmediatos y las nuevas generaciones no se sienten responsables por desaguisados del pasado.
Quien asume esa función, carga con el pesado costo del “prontuario argentino” que nos impide tener moneda y acceder al crédito. Una historia de nueve defaults, trece ceros suprimidos, dos hiper, veinticuatro asistencias del FMI y tantas rupturas de contratos que hemos sido el más demandado ante el Ciadi. El crédito es fundamental para la reactivación económica y el aumento del consumo. Pero, ¿cómo se limpia ese prontuario? Gravitan tanto los discursos dialoguistas como las palabras oficialistas. Solo con la prueba del tiempo que corre sin apuro e ignorando las urgencias del presente.
Al público no le importan las explicaciones, sino los resultados inmediatos y las nuevas generaciones no se sienten responsables por desaguisados del pasado
La falta de moneda no es sorpresa. En la Argentina, eso lo sabe hasta un niño que ahorra con figuritas. Es el prontuario que fuerza a una sobreactuación del equilibrio fiscal y de la motosierra. Hay más de 200.000 millones de dólares afuera y una fracción reactivaría la economía. Pero solo con señales firmes de la política crecerá la demanda de dinero, se expandirán los depósitos y el crédito. Entretanto, será difícil llegar a fin de mes, aunque Luigi Einaudi o Ludwig Erhard estuvieran en aquel piso.
Nada puede hacer el ministro respecto de los 10 millones de pasivos (60% del presupuesto) que se quejan, con justa razón. Pero un sistema desfinanciado por tres millones sin aportes y altísima informalidad del empleo no se equilibra con un par de decisiones. Tampoco puede recortar los 5000 sueldos que se pagan en el Senado o los 5600 de la Cámara de Diputados, incluyendo los 2100 que albergan la imprenta y biblioteca del Congreso. Ni cortar de cuajo los 1100 millones de dólares anuales de déficit de las empresas públicas, con sus 72.000 empleados. Entretanto, la plata no alcanza.
Las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen legislaturas con 1203 miembros. Mendoza tiene 86; Salta, otros 84, y provincias pobres, como Catamarca y Santiago del Estero, 58 y 40, respectivamente. Se desconoce la cantidad de empleados, asesores y prebendas que rodean esos cargos legislativos, más las jubilaciones de privilegio, que deben ser escalofriantes. Sin contar los consejos deliberantes de los 2234 municipios con integrantes rentados. Desde aquel despacho no se pueden reducir los dos millones y medio de empleados provinciales (en algunas provincias, 90% del gasto público) y el medio millón de municipales, ni tampoco el millón y medio de pensiones no contributivas (en Santiago del Estero, Formosa y Chaco superan el 30% de la población activa). Capítulo aparte es el millón de docentes: una mayoría laboriosa mancillada por el ausentismo, pues la tercera parte está cubierta por suplentes que consumen partidas previstas para salarios educativos.
Los sueldos no alcanzan, entre otras razones, por los impuestos al trabajo y los millonarios aportes al barril sin fondo de las obras sociales sindicales que alimentan sobreprecios, falsas prestaciones y retornos a dirigentes gremiales sin escrúpulos. Desde el quinto piso aún menos se pueden eliminar de un plumazo los subsidios a la energía y a los colectivos de CABA y el Gran Buenos Aires, donde los usuarios con subsidios (la mitad) solo pagan el 32% del costo real. Ni de los ferrocarriles, con 26.000 empleados e ingresos que solo alcanzan al 10% de sus gastos. Y, a pesar de esos subsidios, los sueldos no alcanzan, cuando en el pequeño Uruguay, sin los recursos enormes de la Argentina, la gente paga lo que los servicios cuestan.
Los sueldos no alcanzan, entre otras razones, por los impuestos al trabajo y los millonarios aportes al barril sin fondo de las obras sociales sindicales que alimentan sobreprecios, falsas prestaciones y retornos a dirigentes gremiales sin escrúpulos
La reforma constitucional de 1994 hubiese podido focalizarse en mejorar el nivel de vida de la gente, pero optó por aumentar costos para satisfacer ambiciones de dirigentes de entonces que terminaron mal. Desde la prevalencia de los tratados internacionales sin el filtro de nuestra legislación hasta los 72 senadores, la Jefatura de Gobierno redundante, el Consejo de la Magistratura politizado y la disparatada atribución a los jueces de invalidar leyes erga omnes (respecto de todos) mediante amparos que interponen grupos de interés para congelar los cambios.
Con la enorme extensión de la república y su dispersión poblacional parece de sentido común una administración por regiones, reduciendo costos y mejorando eficiencias. Las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen tanta población como La Matanza y, además de sus gobiernos locales, eligen 12 senadores y 20 diputados, en forma desproporcionada a su cantidad de habitantes.
Así como hay incentivos desalineados por la coparticipación, pues la Nación recauda y las provincias gastan, los hay en la estructura institucional del federalismo. La distribución de potestades y la asimetría de premios y castigos, hacen al gobierno nacional responsable por la gestión del conjunto mientras los gobiernos provinciales se desentienden de los resultados colectivos. El politólogo argentino Sebastián Mazzuca (Johns Hopkins University) ha denominado “disfuncionalidad territorial” a ese fenómeno y al “federalismo rentista” causar el bloqueo que impide la modernización. Nada puede hacer el ministro, aunque es su principal obstáculo.
¿La plata no alcanza? A las reformas modernizadoras se oponen históricos consensos nacionales, sostenidos por dirigentes, legisladores, gobernadores, sindicatos, consejos profesionales y cámaras empresarias. Ese entramado de situaciones fácticas genera incentivos perversos desde las cúpulas hasta los trabajadores más humildes cuyas sencillas labores están ligadas a la suerte de organismos públicos o empresas privadas afectadas por los cambios. Es la capilaridad de un modelo octogenario, que afecta los quehaceres más honrados y limita la viabilidad de las políticas económicas.
El quinto piso es una verdadera silla eléctrica y si “el condenado” no logra apoyos políticos para superar esas oposiciones seculares, se le atribuirá la responsabilidad de un fracaso, cuando en realidad, sería la reiteración de un drama argentino que lleva más de ochenta años ajusticiando ministros y culpando a los programas “de ajuste”.
Tipo de trabajo:
opinión
