Historias de jueces malos y buenos

En medio de un clima en el que se “designan jueces a empellones” (Bernardo Saravia Frías dixit), existe la posibilidad cierta de que la semana que se inicie sea la última en el ejercicio del cargo de uno de los mejores jueces federales del país. Se trata de Martín Irurzun, miembro de la decisiva Cámara Federal de la Capital, donde van a parar las apelaciones de los acusados por corrupción política, lavado de dinero o narcotráfico. El magistrado cumplirá 75 años el próximo sábado y, según la Constitución, ese es el límite etario para ser juez federal en el país. Irurzun es uno de los jueces más implacables para condenar los casos de corrupción en el país. Es, por ejemplo, la bestia negra del kirchnerismo. ¿Basta eso como prueba de su independencia? Seguramente, sí. El peor aspecto de su destino actual es que sus propios colegas admiten que “Martín es muy inflexible frente a los pedidos de los gobiernos para que se pronuncie de una u otra forma”. ¿Se refieren a cualquier gobierno?. Sí. ¿Mejor prueba que esa de su imparcialidad? Imposible. ¿Es un reproche a Irurzun? Parece. Él creó lo que se llamó la “doctrina Irurzun”, según la cual la prisión preventiva es posible para exfuncionarios acusados de corrupción porque pueden tener un “poder residual” que les permita entorpecer la pesquisa de fiscales y jueces. Antes, solo se necesitaban pruebas físicas de riesgo de fuga o de amedrentar testigos para que los acusados sean llevados a prisión. Julio De Vido y Amado Boudou fueron a parar con sus huesos a la cárcel afectados por esa doctrina del juez que podría cesar en sus funciones en apenas siete días. También gracias a esa doctrina la cárcel de Ezeiza se llenó de exfuncionarios kirchneristas, a los que se investigaba por corruptos, cuando el gobierno de Mauricio Macri accedió al poder. Fue la decisión de algunos jueces federales con sede en Comodoro Py; varios de ellos vaciaron de detenidos la cárcel de Ezeiza cuatro años después, cuando el kirchnerismo recuperó el poder en 2019. A Irurzun le son indiferentes los que mandan, pero no para algunos de sus colegas de instancias inferiores.

Irurzun viene reclamando en el fuero Contencioso Administrativo que le concedan un cautelar para seguir siendo juez de esa crucial Cámara; está física y mentalmente en la plenitud de sus facultades. Irurzun comparte la teoría de que la Asamblea Constituyente de 1994, que modificó la Constitución y que incorporó esa cláusula poniéndole un límite de edad a la permanencia de los jueces, se apartó del mandato del Congreso. Se explica: el Congreso en tiempos de Menem aprobó la convocatoria de una Constituyente para reformar la Constitución según un Núcleo de Coincidencias Básicas que el presidente peronista de entonces y el líder radical Raúl Alfonsín habían firmado en Olivos. El famoso Pacto de Olivos. Ese acuerdo señalaba que aquel Núcleo de Coincidencias solo podía ser aprobado o rechazado por los constituyentes de manera indivisible. Fue la precaución que tomó Alfonsín, y que la exigió como condición para firmar el Pacto de Olivos; quería impedir que el peronismo abriera luego la Constitución para hacer eventuales fechorías. No obstante, la Asamblea Constituyente incorporó algunas modificaciones que no estaban en el pacto entre Menem y Alfonsín, aunque con el acuerdo de los dos principales partidos políticos de entonces. Una de esas incorporaciones fue la que impone un límite a la permanencia de los jueces en sus cargos, pero por razones de edad. Ese artículo choca a simple vista con otro de la Constitución que protege la inamovilidad de los jueces, salvo que se compruebe una mala conducta. Esa dicotomía constitucional, en la que un artículo desdice a otro, provocó ya dos jurisprudencias distintas de la Corte Suprema de Justicia. La primera sucedió en los años 90 y dispuso la permanencia del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, un magistrado también íntegro e independiente, quien ejerció sus funciones hasta meses antes de morir, a los 98 años. Aquella Corte declaró “nulo de nulidad absoluta” el artículo que limitaba la continuidad de los jueces por razones de edad, porque viola el artículo que garantiza la estabilidad de los magistrados y porque esa imposición no estaba en el núcleo de coincidencias de Menem y Alfonsín. Una corriente jurídica distinta se abrió entonces cuando los que habían sido constituyentes aseguraron que la Asamblea Constituyente, integrada por personas elegidas por la sociedad para reformar la Constitución, era soberana e independiente hasta del mandato parlamentario. Ese criterio se aplicó muchos años después con el llamado caso Shiffrin, que refiere al juez Leopoldo Shiffrin, también un intachable magistrado que fue miembro de una Cámara Federal de La Plata, y que pidió que le dieran el beneficio que había recibido Fayt. Ocurrió en 2017 con una Corte totalmente distinta en su integración y que cambió la jurisprudencia del caso Fayt: declaró vigente el artículo que impone el límite etario para los jueces.

Irurzun le solicitó formalmente, como debe ser, al gobierno de Javier Milei que le pidiera al Senado un acuerdo por cinco años más como juez de la Cámara, una alternativa también prevista por la Constitución. En medio de ese trámite, Milei nombró nuevo ministro de Justicia a Juan Bautista Mahiques, quien se ocupó en el acto de conseguirle le ampliación del acuerdo de cinco años más a su padre, el juez de Casación Carlos Mahiques, y no hizo nada por Irurzun. Posiblemente, mañana la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que rechazó la cautelar de Irurzun, le acepte a este un recurso ante la Corte Suprema. La Corte tendrá solo cuatro día para resolver si le concede -o no- la cautelar para que Irurzun siga siendo juez. En su apelación, Irurzun pidió con frases elegantes que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, se excuse de actuar en este caso, porque él fue constituyente por el peronismo en 1994 y aprobó, por lo tanto, el artículo sobre la edad de los jueces. Tampoco estará en Buenos Aires el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Solo quedará, entonces, el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien debería convocar a un sorteo para elegir a cuatro conjueces de la Corte. Todo en muy poco tiempo. Rosenkrantz se pronunció ya en el caso Shiffrin en contra de ese artículo que está por dejar fuera de la Justicia a uno de sus más prestigiosos miembros. La suerte de Irurzun, y de la Justicia en general, se encierra en apenas un puñado de inminentes días.

El gobierno de Milei venía ajeno a los ajetreos de la Justicia, como debe ser, cuando el ministerio que se ocupa de esos asuntos estaba en manos de Mariano Cúneo Libarona y de Sebastián Amerio. Amerio es un viejo amigo del principal asesor presidencial Santiago Caputo, pero Karina Milei le sacó a este el control de esa cartera y Amerio fue designado procurador del Tesoro. Ya no es viceministro de Justicia. En sus lugares fueron designados dos ahijados de Karina, Mahiques hijo y Santiago Viola, este con pésimos antecedentes como abogado. La designación de los futuros jueces está en manos del Consejo de la Magistratura, que es el que propone las ternas al Ejecutivo. Ese Consejo fue también una creación de la reforma constitucional de 1994, aunque su constitución sí estaba incluida en el Núcleo de Coincidencias de Menem y Alfonsín. Fue una idea del expresidente radical para sacarle a la política la enorme influencia que tenía (¿tiene?) en la designación de jueces. La reglamentación posterior de ese artículo constitucional arruinó una buena idea. Ahora, el Consejo manipula los exámenes de los candidatos a jueces y le envía las ternas al Ejecutivo de acuerdo con sucesivas listas de influencias políticas. “Los exámenes son arbitrarios y oscuros”, dice un consejero que conoce desde adentro cómo se hace todo. El caso más notorio de estos días es la eventual designación del juez Pablo Yadarola, que sacó un puntaje muy malo en su examen, pero que se lo mejoraron luego los caciques políticos. Yadarola es amigo personal del ministro Mahiques, y, si terminan nombrándolo, ocuparía un cargo de juez en la Cámara Federal, que es el mismo lugar de donde se iría Irurzun. Esa la diferencia entre ser “inflexible”, como lo califican a Irurzun, y ser amigo, como lo es Yadarola del ministro de Justicia.

¿Manejan Mahiques y Viola el Consejo de la Magistratura? En parte. Ese Consejo es un archipiélago en el que hasta el kirchnerismo está dividido: disienten las dos amigas de Cristina Kirchner que están ahí, Vanesa Siley y Anabel Ferández Sagasti. El peronismo en el Consejo no tiene liderazgo ni norte ni estrategia. Pero hay una vieja e indestructible colusión que nunca se quiebra y que está integrada por el supuesto radical Daniel Angelici y el librepensador peronista Juan Manuel Olmos. Angelici está ahora detrás de la defensa de los dirigentes de la AFA investigados por supuestos actos de corrupción multimillonarios. Angelici conoce la AFA como si fuera su casa y tiene relación con “Chiqui” Tapia. Era amigo de Mauricio Macri, pero ahora se distanció de este y se colocó bajo el ala de otro Macri, Jorge, el alcalde porteño. Es la prueba de la distancia que existe entre los primos Macri. Una de las pocas obsesiones de Mauricio Macri es verlos a Tapia y a Pablo Toviggino rendir cuentas ante la Justicia. Angelici funge como dirigente del radicalismo y posiblemente sean sus trapicheos las causas de la extinción de ese partido en la Capital, donde la UCR retuvo el liderazgo durante más de 30 años. Su influencia en el Consejo está espoleada por varios jueces federales, a los que los consejeros llaman “la banda de Comodoro Py”. Horrible calificativo para quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia y de disponer sobre la libertad de los argentinos. Otro referente no menor para designar jueces es el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, que lidera a tres consejeros de la Magistratura; él empezó en el radicalismo, pero luego se acercó al peronismo. Dice que es un representante académico, pero es un político hecho y derecho. Detrás de la incursión judicial del ministro Mahiques están, aseguran, Karina Milei y los primos Menem; estos no son primos peleados, sino muy unidos por las causas buenas y malas. Mahiques conoce los manejos del Consejo, se ocupó de la permanencia de su padre (primero la familia, siempre), urde acuerdos con Angelici y Olmos y, encima, escucha a varios jueces federales de Comodoro Py. La reciente acordada de los jueces supremos Rosenkrantz y Lorenzetti con instrucciones para mejorar la selección de jueces no solo es necesaria; también es oportuna. Rosatti, presidente del Consejo como titular de la Corte, hace equilibrios entre unos y otros, pero “jamás canjea sus posiciones como juez de la Corte Suprema”, asegura un consejero confiable. ¿Le piden que lo haga? Seguramente. ¿Por qué, si no, la aclaración? En tales condiciones se designarán cerca del 40 por ciento de los jueces federales y nacionales en lugares que están vacantes. Será un Justica nueva.

A propósito de la justicia argentina, el prestigioso economistas alemán Rudi Dornbusch, prematuramente muerto, recomendaba que “la Argentina importara instituciones”. Raro que un economista no proponga fórmulas económicas, sino institucionales, pero hasta ese punto llegó el descrédito de las instituciones argentinas, la Justicia entre ellas. El economista Enrique Szewach suele decir que se está cumpliendo en los hechos la recomendación de Dornbusch, porque a los inversores se les tiene que ofrecer un cambio de jurisdicción judicial, nunca la de la Argentina, para potenciales litigios. Lo asiste la razón porque hay otros ejemplos: los casos de corrupción, como el de la AFA, los investigan con más premura y eficacia la justicia norteamericana o el FBI. Y eso que Dornbusch no conocía la inestabilidad de un destacado juez que está a punto de caer.